Hace mucho tiempo que los círculos de poder conocen al dedillo que Puerto Rico, el “Estado asociado” de la Unión Americana, se encuentra en bancarrota. Es un testimonio de la miopía interesada de los medios de comunicación que hubieran mantenido en la ignorancia a la opinión pública.

 

La deuda de Puerto Rico en títulos públicos y “el cielo sabe en qué obligaciones previsionales”, (Financial Times, 26/6) es de 73.000 millones de dólares, “definitivamente impagable”. Esta deuda se encuentra en poder de acreedores en territorio de Estados Unidos, pero por sobre todo en bancos locales. Aunque los depósitos en los bancos se encuentran garantizados hasta 100.000 dólares por ahorrista, el peso de la deuda pública los condena a la quiebra. “El gobierno de Estados Unidos -concluye Financial Times- estará forzado a intervenirlos”. La deuda portoriqueña es igual a la de Venezuela, pero con una población de menos de cuatro millones de habitantes. La deuda por familias es de aproximadamente 70.000 dólares, más allá de las que hubieran contraído para financiar sus propios gastos. El defol oficial determina la insolvencia de la compañía única de electricidad y la provisión de agua. Detrás de la deuda registrada se encuentra otra de ramificaciones indefinidas que los acreedores han contraído con las compañías que aseguran a los inversores financieros y a los reaseguros de estos seguros en los llamados mercados derivados.

 

El diario inglés dice lo obvio cuando advierte que la quiebra de la isla no podrá ser resuelta “de un modo ordenado o consensuado”. El endeudamiento de Puerto Rico fue estimulado por exenciones impositivas excepcionales. No es un caso aislado, como lo ha demostrado la bancarrota catastrófica de Detroit. El mercado de títulos municipales de Estados Unidos es de 3,5 billones de dólares, que serían inevitablemente afectados por el defol borricano. No sorprende entonces que el Financial Times apunte, entre los que serán golpeados por el defol, al “orden público”. En efecto, el gobierno de Puerto Rico ya ha diseñado un plan de despidos masivos y reducción de salarios, gastos sociales y jubilaciones. Como la isla se encuentra fuera de la protección de la ley de quiebras de Estados Unidos, The New York Times concluye que “un default dejaría a la isla, sus acreedores y residentes en un limbo financiero y legal que, al igual que la crisis griega, podría llevar años solucionar”. De acuerdo con el FMI, “el déficit fiscal es mucho mayor que el asumido” (El País, 1º/7).

 

En el mismo momento en que el capital financiero presume que podrá tomar a Cuba por asalto a partir de una reanudación de las relaciones diplomáticas, la isla hermana muestra la otra cara de la moneda. Puerto Rico y Cuba son históricamente gemelas, con desenlaces históricos perfectamente antagónicos. La independencia indomable de una contrasta con el sometimiento colonial de la otra. Los ‘privilegios’ del colonialismo se vienen a pique con la bancarrota del capitalismo mundial. A través de la crisis, o sea del pago forzado y confiscatorio de una deuda ‘externa’ que ha beneficiado por un largo tiempo a los especuladores, resurgirá el tema de la independencia en la agenda política. De todos modos, Puerto Rico es el eslabón más débil de una cadena de insolvencias que se prepara en distintos niveles sub-estatales de Estados Unidos, con la consecuente afectación del “orden público” en el territorio continental. Esto cuando se acentúa la lucha contra la brutalidad policial y contra la persecución de la numerosa población inmigrante hispana o latina.