El Senado de Uruguay acaba de votar un “proyecto interpretativo” de la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad a los represores de la dictadura. El proyecto sostiene que los artículos de la ley que establecen la caducidad de las causas deben ser interpretados como anti constitucionales. Pero la ley queda en pie y la facultad de interpretarla corresponde al Poder Judicial, lo cual será materia de impugnación de la “ley interpretativa”. El Frente Amplio ha recurrido a este engendro para evitar votar directamente la anulación de la ley. El proyecto deja abierta la posibilidad de una nueva contra interpretación para evitar los juicios. Pero además, para ser aprobado, deberá nuevamente ser discutido en la Cámara de Diputados, dadas las modificaciones que el Senado le ha hecho para recortar todavía más su alcance.

El Frente pretende, con el proyecto, evitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a Uruguay por la caducidad y sostuvo que los delitos de la dictadura son de “lesa humanidad”.

Crisis en el Frente Amplio

La aprobación del proyecto generó una crisis en la bancada del Frente Amplio. El senador Saravia votó, con los blancos y colorados, en contra de la aprobación. Eleuterio Fernández Huidobro, un viejo “tupa”, votó a favor por “disciplina partidaria” pero renunció a su bancada en Senadores en rechazo al proyecto. Estas posiciones fueron avaladas por Mujica, que se reunió con Huidobro el día de la votación.

Mujica anunció que no vetaría el proyecto. Sin embargo, desarrolla toda una línea de acuerdos con sectores militares para limitar su aplicación y alcance. Incluso la renuncia de Fernández Huidobro y la crisis galopante en el Frente Amplio amenazan con voltear el proyecto en su segunda votación en Diputados, donde el Frente cuenta con una mayoría ajustada. El ministro de Defensa manifestó que si la ley se aprueba en Diputados presentará la renuncia, como forma de presión para que Mujica vete la ley.

Si bien la anulación de la ley es un reclamo profundo de la base del FA, la movilización del PIT-CNT fue minoritaria. La dirección frenteamplista de la central obrera le sacó el pecho al proyecto.

La aprobación del proyecto destapó un principio de crisis política con las Fuerzas Armadas. Militares en actividad y retirados criticaron la Ley Interpretativa, aludiendo a que con ella el Frente Amplio rompe los acuerdos de “reconciliación nacional” tejidos a partir del regreso a la democracia. La intervención de las Fuerzas Armadas -y de Fernández Huidobro- desnuda toda la línea de la dirección del Frente Amplio de “reconciliación” con los represores.

El Frente Amplio mismo recurrió a la militarización del movimiento obrero en el caso de la huelga de los municipales de Montevideo (Adeom), a los que ahora aplica sanciones y suspensiones. El Frente Amplio cabalga contrarreloj para calmar a las fuerzas armadas y perpetrar sus acuerdos históricos.