Desde hace veinte días, un acampe de 400 indígenas permanece en la Plaza de las Armas, Asunción. Las comunidades de Mbya y Ava Guaraní vienen exigiendo desde 2019 la titularidad de sus tierras, que la producción ganadera pase a estar bajo su control y que se cumpla con la construcción de 300 viviendas sociales.

El gobierno convocó una única mesa de diálogo a través de Hugo Cáceres, coordinador de la Unidad de Gestión. Allí les ofrecieron retirarse de la plaza a cambio de planes sociales y prioridad en la construcción de sus viviendas, aunque sujetas al Presupuesto 2021, que ya anticipó un ajuste del 16% al Instituto Nacional del Indígena. Pero las familias, hartas de promesas incumplidas, respondieron que no se irían hasta ver concretados sus reclamos.

Con el objetivo de deslegitimar y quebrar su lucha, algunos medios de comunicación publicaron informes -de dudosa procedencia- donde aseveran que las familias indígenas ya aceptaron la propuesta del gobierno y que quienes sostienen el acampe “son okupas urbanos” (Última Hora, 13/11). En el mismo sentido, el Ministerio de la Niñez denunció a padres y madres alegando que exponen a sus hijos a los resfríos de la intemperie y al contagio de Covid-19 (ABC, 11/11).

Una impostura total. Desde hace años, los indígenas denuncian el desplazamiento de sus territorios a manos de grupos sojeros y ganaderos que superexplotan sus suelos y monopolizan el acceso a agua potable y servicios energéticos de la zona. Despojados de sus recursos laborales, el 76% de los indígenas vive en la pobreza extrema (EFE Noticias, 7/3) y uno de cada dos niños padece desnutrición (Última Hora, 3/2/2019). Estas cifras se agudizaron durante los meses de pandemia, donde además se agravaron las restricciones para acceder al sistema sanitario y tratar a los contagiados. En Paraguay, el 90% de la tierra está concentrada en el 5% de los propietarios más ricos (ídem, 27/3/17).

A mediados de octubre, la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinación Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena, había pactado con el Ejecutivo y el Legislativo paraguayo conformar una mesa de trabajo para dar solución a las problemáticas económicas ocasionadas por el impacto producido por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, los sectores campesinos e indígenas han manifestado que hasta la fecha el gobierno y el Congreso han invisibilizado las exigencias que ya habían expresado durante cuatro días continuos de intensas protestas desde el pasado 12 de octubre (Telesur, 28/10). Desde mediados de octubre, la Unidad Campesina Indígena y Popular se moviliza semanalmente para exigir que el gobierno cancele la deuda de préstamos productivos.

Por el derecho a la tierra y la vivienda, tanto en Paraguay como en Argentina. No a los desalojos. Por un plan de lucha de las centrales obrero-campesino-indígenas que venza el ajuste de Benítez.