Nada menos que Detroit, la legendaria ciudad automotriz norteamericana, ha pedido su quiebra. A principios de marzo el gobernador de Michigan, el republicano Rick Snyder, había declarado la emergencia financiera en Detroit, designando a Kevyn Orr como gestor de emergencia de sus finanzas. El 18 de julio, Orr anunció que la ciudad se acogería a la ley de quiebras de Estados Unidos. Detroit es la mayor ciudad de la historia de Estados Unidos que suspende sus pagos. La ciudad acumula una deuda estimada en 20.000 millones de dólares.

No es un secreto que la crisis de Detroit viene de tiempo atrás. Cuna de la industria del automóvil norteamericana, llegó a ser la cuarta ciudad en importancia del país en la década de los cincuenta, alcanzando casi dos millones de habitantes. De 1972 a 2007, Detroit perdió el 80 por ciento de su producción fabril, cuando las empresas se trasladaron hacia otros lugares donde podían pagar menores salarios. Pero la bancarrota actual se relaciona con una cuestión más reciente: después del éxodo automotriz, la administración de Detroit intentó una reconversión capitalista, incentivando nuevos negocios a costa de un endeudamiento creciente. Esa deuda pública fue financiada en parte por los fondos de pensión -como ocurría en la Argentina con las AFJP y ocurre ahora con la Anses. Así las cosas, la quiebra de Detroit es otro episodio de la bancarrota capitalista que se inició en 2008, caracterizada por el colapso de un nuevo ciclo de endeudamiento. Precisamente, desde el estallido de la crisis en 2008- la debacle se aceleró.

La ciudad registró un derrumbe demográfico que no registra antecedentes en la historia norteamericana -con la excepción de lo ocurrido en Nueva Orleans después del huracán Katrina- perdiendo el 25 por ciento de su población. Hoy el número de habitantes es de alrededor de 685.000, y sigue cayendo. Entre los que quedan, el desempleo alcanza el 18 por ciento, y la pobreza a un tercio de los familias. En muchas zonas, la ciudad parece un pueblo fantasma, con miles de viviendas abandonadas y saqueadas, fábricas, comercios y escuelas cerradas. El gobierno, al no poder sostener los servicios, ha retirado un 40% del alumbrado eléctrico, del suministro de aguas y la recolección de residuos. Se han cerrado la mitad de los parques públicos y ha disminuido la cobertura policial y de emergencias.

Después de haber destinado centenares de miles de millones de dólares a rescatar a los capitalistas -incluyendo las automotrices con sede en Detroit- el gobierno ha dejado en claro que no va a ayudar a la ciudad, endeudada tanto con bancos y fondos tenedores de bonos, como con fondos de pensión. Pero la vara no es la misma para unos y otros. En el primer caso, un acuerdo con UBS, Bank of America y Merrill Lynch les garantiza el pago de 75 centavos por dólar adeudado. En cambio, el plan de quiebra prevé que los fondos de los jubilados reciban sólo 10 centavos; a su vez, los ajustes por costo de vida serán eliminados, y se congelarán los pagos futuros de pensiones. Los trabajadores verán recortados sus ingresos y se harán nuevos ajustes en los gastos estatales de salud y educación (Financial Times, 21/7). Está clara la intención de traspasar la factura de la crisis a los trabajadores.

Quebranto nacional

Aunque la bancarrota de Detroit ha ganado notoriedad pública, estamos solamente ante la punta del iceberg. En 2012, tres ciudades de California -Stockton, Mammoth Lakes y San Bernardino- también declararon su quiebra; Chicago, Los Angeles, Baltimore y decenas de otras ciudades tienen déficits enormes en los recursos para atender las pensiones y la salud, y se plantea que los mismos deben ser eliminados. Es la realidad de miles de gobiernos municipales de Estados Unidos, que se encuentran acorralados por las deudas y por déficits presupuestarios que no pueden financiar, como el Estado federal, con emisión monetaria. Las deudas municipales ya alcanzan la friolera de 3,7 billones de dólares -más de la mitad del total de la deuda soberana de la Eurozona. A través de los municipios y estados, la bancarrota fiscal de los Estados Unidos estalla por su eslabón más débil. Con el sugerente título de "los Estados Inestables de América", The Economist (27/7) pinta un panorama negro: las agencias independientes afirman que, a las cajas de los fondos de pensiones sólo ingresan, en promedio "un terrorífico 48% de lo que necesitan, lo que quiere decir que muchos estados están muy por debajo de esta cifra". En el estado de Illinois, por poner un ejemplo, el déficit representa un 241% del total de sus ingresos fiscales -lo que quiere decir que tardaría dos años y medio en cubrir el bache, y eso sin hacer frente a ningún gasto más, ni policía ni sanidad, ni educación. El Estado federal, para afrontar su propio déficit, ya ha avanzado en recortes en el gasto destinado a la Seguridad Social y a Medicare, el programa de cobertura sanitaria para los mayores de 65 años, y prevé un incremento de impuestos.

Luego de haber puesto a disposición de los bancos billones de dólares para rescatar a los especuladores de Wall Street, en Estados Unidos la bancarrota financiera y la crisis industrial se ha instalado en el propio Estado, y será la antesala de fuertes conmociones sociales.