Cuando todavía no se había sobrepuesto a la derrota política en las elecciones de constituyentes, hace apenas dos semanas, el gobierno de Evo Morales ha sumado un nuevo traspié: el Congreso Nacional de Educación, que deliberó en Sucre con la participación de 650 delegados con el cometido de elaborar una nueva Ley de Educación, terminó en un fiasco.

Los 80 delegados del magisterio se retiraron de las sesiones. La decisión de los maestros obligó incluso al presidente del Congreso, vinculado al MAS, a presentar su renuncia. La decisión de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia fue el disparador del retiro de otros sectores, como la Central Obrera Boliviana y el Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivariana (CEUB). En el otro extremo, en el polo que aglutinaba a las fuerzas derechistas, la Iglesia Católica también se retiró de las deliberaciones. El Congreso quedó herido de muerte, reducido a las cliques adictas al gobierno.

El proyecto de reforma educativa de Evo Morales tiene bastante similitud con el que pretenden sancionar Kirchner y Filmus.

Los maestros, que hicieron su propio Congreso para fijar posición sobre el proyecto del MAS, emitieron un documento que denuncia que éste “acentúa el carácter privatista de la educación, mantiene y favorece la existencia de los convenios Iglesia-Estado en detrimento de la educación única, gratuita y obligatoria”, y mantiene “la regla del oro del Banco Mundial: sacar productos educativos en el menor tiempo posible y con el menor gasto económico, para que los estudiantes rápidamente sean lanzados al mercado laboral como mano de obra barata al servicio de la empresa privada y de las transnacionales”. En eso consiste la “educación productiva” sobre la que hace hincapié el anteproyecto del gobierno. Los maestros plantean, asimismo, que es “una ley antimagisterio porque atenta contra las conquistas sociales del sector”, a saber: escalafón, estabilidad y carrera docente.

El documento también incursiona en los contenidos. Denuncia la pretensión del gobierno de darle un carácter “indigenista”, porque “subordina la ciencia y la tecnología a la cosmovisión milenaria de los pueblos originarios, que equivale a someter a éstas a los prejuicios del precapitalismo y el atraso”.

La crisis se concentró en la cuestión de la educación laica. El gobierno de Evo Morales reivindicó el laicismo como una de sus principales banderas, pero terminó capitulando ante la Iglesia. Luego de una movilización clerical de colegios, Normales y universidades católicas, Evo Morales hizo declaraciones que fueron tranquilizadoras: “Soy católico y también creo en la religión originaria, en la madre tierra, la Pachamama; esta religión originaria y la Iglesia Católica han convivido históricamente”.

Trascartón se firmó un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Ministerio de Educación que puso en “resguardo a la educación religiosa y a los acuerdos vigentes” en la materia.

El Congreso culminó sus sesiones con muletas y aprobó el anteproyecto que será llevado a la Constituyente. Esto, sin embargo, no disimula su rotundo fracaso. La cuestión educativa se suma a las nacionalizaciones, la propiedad de la tierra y las autonomías en la agenda del convulsivo proceso político boliviano.