El jueves millones de colombianos pararon sus actividades y cientos de miles marcharon (el gobierno admite al menos 250 mil personas movilizadas) en repudio al “paquetazo” que prepara Iván Duque. Las nutridas columnas movilizadas de estudiantes y trabajadores se manifestaron contra la reducción del 75% en el salario mínimo de los jóvenes menores a 25 años, la privatización de empresas públicas y el aumento de la edad jubilatoria, como así también en contra de las sistemáticas persecuciones, amenazas, torturas y asesinatos a dirigentes sociales (más de mil solo desde la asunción de Duque).

La respuesta del gobierno fue la represión. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, reconoció la muerte de tres personas, cientos de heridos y más de doscientos detenidos. Dos de esas personas habrían sido abatidas por fuerzas de seguridad durante el saqueo de un centro comercial de Buenaventura y una tercera en la ciudad de Candelaria. Allí, Juan Sebastián Saa fue asesinado de un balazo cerca de la boca por fuerzas policiales, cerca de un almacén de ropa que estaba siendo saqueado.

Al mismo tiempo, un cacerolazo posterior al paro, en la Plaza bogotana de Bolívar, centro político de Colombia, fue reprimido y desalojado.

Al igual que en Chile y Bolivia, las fuerzas de seguridad actuaron de manera brutal y criminal.

El gobierno ya venía preparando esta respuesta. Previo al paro, se allanaron las residencias de varios dirigentes y activistas, sin órdenes judiciales ni identificaciones por parte de los efectivos que montaron el operativo. Durante el mismo jueves, las fuerzas militares permanecieron acuarteladas y todas las fronteras estaban cerradas. Además, los alcaldes tenían la total potestad de declarar el estado de sitio, como sucedió finalmente en Cali. En otros puntos del país, las movilizaciones fueron disueltas con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

En Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa decretó el toque de queda. Cabe señalar que pertenece a la “progresista” Alianza Verde, es decir que los represores y enemigos del paro se encuentran también en este palo político.

Las imágenes de la represión en Colombia no tardaron en viralizarse. El registro da pruebas de la brutalidad con que las fuerzas actuaron, inclusive reduciendo a transeúntes que no participaban de las medidas de fuerza.

Esta es la respuesta de un gobierno gastado. Iván Duque asumió hace solo 15 meses y su popularidad cayó de manera abrupta. Viene de ser aplastado en las recientes elecciones municipales.

Está planteada una continuidad de las medidas de fuerza para quebrar el ajuste. Pero esa no es la orientación de las direcciones sindicales, que salieron a cuestionar los cacerolazos posteriores al paro. “El paro terminó (…) hoy tiene que volver la normalidad” (Clarín, 23/11), declaró Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, una de las centrales obreras. Es necesario superar esta política de contención. 

Abajo el paquetazo de Duque. Basta de represión. Qué viva la lucha de los trabajadores colombianos.