La campaña electoral en Chile se está calentando. La derecha se divide entre un “progre” (Piñera) y un “ortodoxo” (Lavín). La “concertación” oficial va con Bachelet, mientras el PS, el PPD y la DC, sus socios, se sacan los ojos por los cargos parlamentarios.

El procesamiento de Pinochet y su familia por fraude al fisco forma parte de esta campaña electoral. Los “campeones de la democracia” dan saltitos de alegría por poder enviarlo a la cárcel por evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito, haciendo silencio sobre las 200 causas por delitos contra los derechos humanos que caen sobre el dictador.

Como si Pinochet fuera el único responsable de los crímenes de la dictadura.

Pero mientras la Concertación se vanagloria de la nueva Justicia incorruptible, Lagos le concedió el indulto a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez, líder sindical muerto a manos de los militares en 1982.

El ex militar Manuel Contreras Donaire (no es el ex director de la Dina) fue condenado a ocho años de prisión (en la lujosa cárcel para militares de Punta Peuco) por ser el autor material de la muerte de Jiménez. Fue liberado la semana pasada “en virtud de la pacificación, en virtud de la clemencia, en virtud de dar señales de que el país puede avanzar también en esta dirección”, según declaró el ministro del Interior, Francisco Vidal (La Prensa Online, 20/8). Según los medios chilenos, el indulto dictado por Lagos fue pactado con el mismo Cheyre (jefe de las Fuerzas Armadas).

La “reconciliación” no es otra cosa que la impunidad para los responsables de la muerte de miles de chilenos. Lo que Lagos y toda la Concertación con él quieren dejar atrás es el fantasma de los cientos de detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, el millón de exiliados, los cientos de prisioneros, los miles de torturados.

Del otro lado de la cordillera también parecen diferentes, pero son iguales.