02/04/1998 | 579

Lanzan proyecto de constitución económica internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los gobiernos de los principales países del mundo, está elaborando un acuerdo supranacional de garantías para las inversiones de las multinacionales en todo el globo. Se alcanzaría, de prosperar, el sueño de una ley mundial de defensa del capital y la superación de todas las barreras jurídicas (nacionales) contra el capital financiero


Con el argumento de que las inversiones se desplazan hacia donde existe «seguridad jurídica» y «reglas de juego estables», el acuerdo mundial de inversiones (AMI) que propicia la OCDE plantea que los estados nacionales deben «respetar un cierto número de reglas destinadas a promover y proteger las inversiones internacionales». El acuerdo establece para ello que ningún rubro o área puede estar vedada a la inversión extranjera y que los capitales externos deben tener el mismo tratamiento que el capital nacional.


El secretario de la OCDE, Donald Johnston, planteó que las legislaciones nacionales, deberán garantizar «la libertad de transferencia de los fondos de las empresas y la compensación en caso de expropiación» (Le Monde, 14/2), así como perjuicios derivados de tumultos, guerras civiles o huelgas. Incluso «la pérdida de una oportunidad de beneficios sobre la inversión será un tipo de perjuicio suficiente como para otorgar derecho de indemnización al inversor».


Como se ve, el AMI condiciona el conjunto de las leyes nacionales, pues no podrían ser sancionadas las que aún en forma indirecta o remota alteren las estimaciones de beneficios de un inversor. Por ejemplo, en el caso de la legislación sobre medio ambiente, las empresas podrían alegar el derecho de indemnización «porque se les afectaron indirectamente sus proyecciones de beneficios» (I.Herald Tribune, 17/2).


También se propicia que los gobiernos que firmen el AMI no pueden renunciar a él por 20 años. Para dirimir los conflictos que pudieran presentarse, las partes se someterán a un jurado de la Cámara de Comercio Internacional, vinculada a la OCDE.


Este acuerdo de inversiones ya existe entre una serie de países. A través de la firma de tratados de garantías a las inversiones, los estados de la OCDE tienen privilegios para las inversiones de sus nacionales.


¿Por qué este acuerdo? Actualmente, los gobiernos capitalistas dan todo tipo de concesiones a las empresas multinacionales, a tal punto que el diario francés Le Monde considera que en la materia rige «la ley de la selva».


Con el AMI, se pretende establecer la hegemonía del capital financiero internacional en el plano jurídico, o sea por encima de las soberanías nacionales.


Pero el AMI tropieza con un importante obstáculo: la llamada «preferencia europea». El imperialismo europeo interpreta que el AMI es un intento del capital norteamericano para hacerse acreedor a los subsidios y ‘ayudas’ que prevé la próxima unificación monetaria europea.


Le Monde (19/2) informa que «los europeos no están dispuestos a ceder sobre la cuestión de la ‘preferencia europea’, es decir, conservar la posibilidad de diferenciar las empresas europeas y las empresas del tercer mundo en materia de inversiones». Los franceses, más que los alemanes, temen las consecuencias de una competencia incontrolada del capital norteamericano.


Este proyecto es, en realidad, una utopía, como lo demuestra su incapacidad para atacar la soberanía nacional en materia monetaria, que hoy se reduce fundamentalmente a la soberanía de Alemania, Japón y en forma especial Estados Unidos. Moviendo los tipos de cambio y las tasas de interés, los principales bancos centrales, pero por sobre todo el norteamericano, afecta todos los días las perspectivas de las inversiones internacionales y de la economía mundial. Encajado en esta realidad, el AMI es un instrumento de aplicación unilateral de tres grandes potencias, en especial Estados Unidos, para colonizar al resto del mundo.


Argentina adhirió al Comité de Inversiones y de Empresas Multinacionales de la OCDE y firmó con la mayoría de sus miembros Tratados de protección a la inversión extranjera. LA OCDE accedió al ingreso de Argentina en el Comité de Inversiones porque «Argentina se enorgullece de su régimen liberal con respecto a los flujos de inversiones internacionales directas, coherente con el papel asignado a los operadores privados en la economía, la extensión de las reformas económicas adoptadas en los cinco últimos años y los principios proclamados en la Constitución argentina. Su política sigue generalmente las normas de la OCDE relativas a los flujos de inversiones extranjeras». Y agrega la OCDE: «En particular, no existen procesos generales de autorización para el establecimiento en Argentina de filiales de empresas extranjeras o para participar en el capital de empresas existentes, están limitadas las restricciones sectoriales a la entrada, establecimiento y operación de inversionistas extranjeros y a sus inversiones, existen muy pocas excepciones al Tratamiento Nacional y su aplicación es liberal en la práctica, Argentina no aplica restricciones a las adquisiciones inmobiliarias por parte de extranjeros, salvo en las zonas fronterizas, Argentina concede el tratamiento nacional a las empresas de los países de la OCDE de acuerdo con el Protocolo del Mercosur para la Promoción y Protección de las Inversiones e Inversionistas procedentes de países no pertenecientes al Mercusur».


Y concluye la OCDE: «Argentina comparte con los países de la OCDE los mismos principios fundamentales a propósito de la política de Inversiones extranjeras. Las relaciones en materia de Inversión extranjera directa entre Argentina y los países de la OCDE son amplias y dinámicas. Argentina ha adherido a las diversas partes de la Declaración de 1976 de la OCDE sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales y las correspondientes Decisiones y Reconsideraciones, así como a las Recomendaciones de la OCDE sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. Las autoridades argentinas aceptan los compromisos de Tratamiento Nacional, las disposiciones de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, así como aquellas correspondientes a los instrumentos existentes sobre Incentivos y/o Disuasión y Requerimientos sobre Litigios. El gobierno argentino está dispuesto a participar plenamente en el establecimiento de estos instrumentos, aceptando incluso que la organización examine periódicamente sus excepciones al tratamiento nacional».


Es decir, Argentina es una dependencia colonial.

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