En simultáneo con la elección norteamericana, Puerto Rico fue a las urnas este martes para definir el nuevo gobernador, los intendentes y el parlamento. Además, se desarrolló una nueva consulta no vinculante sobre el estatus de la isla.

Por escasa diferencia, se imponía por el momento como gobernador Pedro Pierluisi, del oficialista Partido Nuevo Progresista, quien obtenía poco más del 32% de los votos. Lo seguía Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático, la otra fuerza tradicional de la isla, con el 31,4%. Ambos partidos sufren un importante retroceso con respecto a la elección de 2016, de entre 7 y 10 puntos.

La debacle de estos partidos se explica por el creciente malestar popular ante la crisis social y la bancarrota económica, que llevó el año pasado a una rebelión popular que echó del poder al entonces gobernador “Ricky” Rosselló e instaló la consigna “Fuera la Junta” -por la Junta de Supervisión Fiscal, el organismo impuesto por los yanquis que supervisa el pago de la deuda a costa de enormes privaciones para las masas (una parte de esa deuda fue recientemente reestructurada, en lo que fue un gran negocio para un puñado de fondos financieros).

Pierluisi, el flamante gobernador, relevó a Rosselló en el cargo por unos días en aquellos días revueltos, pero debió renunciar ante la falta de apoyo del parlamento. En su lugar, fue electa Wanda Vázquez, quien perdió este año las elecciones primarias con el ahora mandatario electo.

La caída del PNP y el PPD ha sido señalada por algunos analistas como el fin del bipartadismo, debido al desarrollo que cobraron otras fuerzas políticas. El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que llevaba como candidata a Alexandra Lúgaro, una abogada que tuvo un gran desempeño como competidora independiente en los comicios pasados, sumó casi el 15% y quedó a las puertas de ganar la capital, San Juan. El Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), en tanto, logró un meteórico avance desde el 2 a más del 14%.

Los planteos críticos de estas fuerzas hacia la Junta les permitieron sintonizar con los sectores que se movilizaron en 2019, pero se trata de fuerzas que no rompen los moldes del régimen. Juan Dalmau, el candidato del PIP, planteó en una entrevista televisiva posterior a los comicios que “yo tengo una disposición de diálogo, de lanzar puentes al nuevo gobierno, pero ciertamente también una responsabilidad de fiscalizarlo” (Noticentro Wapa, 5/11).

Puerto Rico es actualmente un “Estado libre asociado”, figura que implica en los hechos un sometimiento colonial de la isla, sin siquiera derechos políticos tales como el de participar de la elección del presidente estadounidense. El gobierno impulsó junto a estas elecciones una nueva consulta no vinculante sobre el estatus del país, promoviendo la “estadidad”, es decir, la transformación del territorio lisa y llanamente en un Estado norteamericano.

El “sí” a la “estadidad” se impuso por un ajustado 52%, contra casi un 48% de votos en contra. Votó poco más de la mitad del padrón, porcentaje similar al de la elección de gobernador. En la consulta de 2017, el apoyo a la “estadidad” había sumado el 97% de los votos (aunque con una tasa de participación aún más baja que la actual, de apenas el 23%).

El resultado de la consulta muestra un revés de los planteos pro-norteamericanos, un hecho en el que seguramente juega un papel clave la enorme crisis que atraviesa Estados Unidos.

El planteo de “fuera la Junta” es una gran consigna en la actual situación puertorriqueña, dado que cuestiona al mismo tiempo las políticas de ajuste y la dominación del imperialismo. A ello se debe añadir el planteo de la independencia y de la unidad socialista de América Latina.