Levantamiento campesino en Colombia

La rebelión de los cultivadores ‘cocaleros’ que, desde hace más de un mes, conmueve a Colombia, tiene todas las características de una guerra civil campesina. El enviado de Clarín (17/8) informa que “alcanzó en algunas ciudades niveles de levantamiento popular. En Mocoa, la capital del estado de Putumayo, el llamado Comité Central de Paro, que moviliza a unas 10.000 personas, tiene bajo su control todas las actividades de la ciudad”. Los campesinos se encuentran “armados de garrotes y cuchillos” (ídem) y resisten los planes dictados por los yanquis para erradicar los cultivos.


El levantamiento tiene su epicentro en los estados sureños y selváticos de Guavire, Caqueta y Putumayo, donde recaló en la última década una masa desamparada de campesinos sin tierra. Sobre la base de esta mano de obra superexplotada prosperó la actividad primaria de la “economía del narcotráfico” (que sólo puede existir merced a los ‘lícitos’ negocios bancarios y a la industria químico-farmacéutica en manos imperialistas, quienes junto a la gran burguesía colombiana, han sido los grandes beneficiarios de aquélla).


Los 100 mil campesinos que mantienen sitiadas las principales ciudades de esa región —que actúan en nombre del “futuro de las 500 mil personas” que viven de estos cultivos— “son familias completas que parecen nómades. Cargan estufas, ropa y alimentos. Duermen hacinados debajo de carpas o plásticos y desde hace un mes todos los días se levantan a gritar que no abandonarán la coca hasta que el gobierno les garantice un trabajo igual de rentable” (ídem).


El gobierno de Samper ha movilizado al ejército para enfrentar la rebelión campesina. La gran burguesía y el imperialismo quieren zanjar por la ‘fuerza’ un conflicto histórico con el campesinado colombiano. Este país vive —dice un estudio— “una de las mayores sangrías de América latina y el mundo”. Se quiere volver a la política de exterminio físico, de “violencia”, que llevó a que “más de un cuarto de millón de personas inocentes fueran víctimas, entre 1948 y 1964”, de los grupos parapoliciales de los grandes terratenientes y de las matanzas del ejército y la policía (Irán de Rementería, Nueva Sociedad Nº 130, abril/94). “Entre 1950 y 1987 la frontera agraria colombiana pasó de 19 a 34 millones de hectáreas”, un incremento que para la época no tiene precedentes prácticamente en ningún otro país, y “que ha involucrado a millones de gentes que giran de un lado a otro del territorio, abierto casi siempre bajo el signo de la frustración y de una pertinaz violencia” (ídem).


El problema trasciende a los tres estados señalados. Le Monde (16/7) informa que “la lucha por la erradicación de los cultivos …(implica) una reconquista militar … que representa casi la mitad de la superficie del país”. “El 60% de las plantaciones de coca son explotadas por pequeños productores (con poco más o menos de 3 hectáreas) que viven con una renta tres veces superior a un salario de subsistencia”, es decir, con ingresos de miseria. El ingreso del campesino representa el “0,6% del precio de la cocaína vendida en París” (ídem).


La magnitud del levantamiento llevó al gobierno, en los últimos días, a abrir una negociación con los campesinos de Putumayo, quienes habrían levantado las medidas de fuerza. El temor gubernamental a las amenazas de hacer volar los importantes oleoductos petroleros —en una región donde se encuentran las más importante inversiones imperialistas en el país— habrían determinado esta conducta; dirigida además a aislar y golpear, eventualmente, a los otros sectores sublevados (una brutal represión se estaba descargando al cierre de esta edición sobre los cocaleros sublevados que habían ocupado Florencia, la capital del estado de Caqueta). Con anterioridad, el gobierno habría llegado a otros acuerdos en Guavire y Caqueta con los “campesinos que explotan más de tres hectáreas que producen el 40%” de la coca (The Economist, 17/8).


El gobierno de Samper se ha colocado en la lucha contra la rebelión campesina como un peón de la política norteamericana, buscando de esta manera salvar su propio pellejo. Poco tiempo atrás, el gobierno había sido acusado de complicidad con el “narcotráfico” por parte de todo un sector del gran capital y el propio imperialismo, lo que ‘desestabilizó’ al Menem colombiano (retiro de la visa para ingresar a los EE.UU. y amenaza de sanciones económicas de Clinton).


Samper parece haber sorteado esa ofensiva merced a las gestiones del ‘lobby’ petrolero norteamericano —responsable del reciente “desarrollo de enormes campos petroleros en la región selvática del país”—, quienes “enviaron una nota al Departamento de Estado de EE.UU. en la que pidieron que reconsiderara cualquier plan de imponer sanciones a Colombia” (The Wall Street Journal, 20/8).


La rebelión campesina en Colombia, al igual que recientes levantamientos en México, Bolivia o Brasil, ponen al rojo vivo la cuestión de la lucha por la tierra y la defensa de las reivindicaciones del trabajador del campo. Detrás de la cruzada por la ‘erradicación’ de los ‘cultivos ilícitos’ se esconde la lucha por llevar a la degradación física y moral a las masas campesinas y reabrir un proceso de recolonización capitalista de nuevas áreas agrícolas abiertas por ellos.


Hay que erradicar primero al imperialismo y la explotación capitalista —única vía segura, de paso, de acabar con la lacra del narcotráfico—; recién después, se podrá hablar de “cultivos sustitutivos”. La condición número 1 de los explotados del continente es colocarnos en el campo de la defensa de las reivindicaciones campesinas.