Se ha iniciado, en Madrid, el juicio contra 12 líderes políticos y sociales catalanes partidarios de la independencia de Cataluña. Las acusaciones van desde el delito de rebelión contra la corona hasta el de resistencia a la autoridad. Las condenas que se piden contra los acusados son impresionantes. En el juicio se ha habilitado la presencia de un relator de Vox, el partido de ultraderecha, que ha pedido ¡62 años de prisión! para la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Fourcadell, por el ‘delito’ de no haber impedido el accionar del Parlamento que presidía, respecto a los derechos de autodeterminación nacional del pueblo catalán.

Se trata de un juicio que se encuentra en el epicentro de una crisis política. Formalmente, el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) intentó nombrar un “relator neutral” para mantener “el diálogo” y equilibrar las acusaciones derechistas, como una forma de sostener un acuerdo con los partidos catalanes que se reclaman independentistas y lograr que estos voten el Presupuesto 2019 en el Congreso Nacional. Esto provocó una masiva concentración de los partidos de la derecha (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) en Madrid en defensa de la “unidad de España”. Si Pedro Sánchez no logra esos votos catalanes, casi seguro deberá convocar a elecciones anticipadas para mayo próximo. Es lo que reclama la derecha, envalentonada por el triunfo de Vox en las elecciones de Andalucía hace unos meses atrás. Se trata de toda una ofensiva no solo contraria al derecho de autodeterminación del pueblo catalán, sino avanzando sobre derechos autonómicos de Cataluña, virtualmente intervenida, y que se propone atacar otras conquistas democráticas, como derecho al aborto. La derecha española pretende subirse al carro del avance derechista que recorre Europa (triunfo de Salvini en Italia, etc.) y a la ofensiva golpista contra el gobierno de Maduro en Venezuela  –por otra parte, el gobierno del PSOE reconoce al gobierno paralelo de Guaidó.

Hay una fuerte tendencia a la polarización política y social en España, pero la iniciativa la tiene la derecha. La ‘izquierda’ de Podemos, del PC e Izquierda Unida no ha convocado, hasta el momento, a ninguna contramanifestación. Las centrales obreras de Cataluña que responden al PSOE (UGT) y al PC-Izquierda Unida (Comisiones Obreras) han pedido un “diálogo político” entre las autoridades catalanas y el gobierno español del PSOE. Es un callejón sin salida, porque el PSOE apoya la monarquía, está en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos y su gobierno constituye, hoy en día, el eje de los ajustes contra la clase obrera y los explotados españoles – amenaza con una nueva reforma laboral antiobrera.

Libertad a los presos políticos.

El inicio del juicio a los dirigentes catalanes ha detonado importantes movilizaciones democráticas en Cataluña y concentraciones en diferentes puntos de España y otras ciudades del mundo. En Buenos Aires, se realizó una concentración frente al Congreso Nacional, donde participó e hizo uso de la palabra, Marcelo Ramal, de la dirección nacional del PO-FIT.

A fines del año pasado, la diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, presentó un proyecto de resolución para repudiar el encarcelamiento de los dirigentes catalanes y reclamar su inmediata libertad.

El juicio en curso es totalmente antidemocrático y arreglado por la derecha: la ex presidenta del parlamento catalán cumple en marzo un año de “prisión preventiva”. Un esquema jurídico que no solo es clasista, sino defensor del régimen monárquico. Felipe VI fue el punto de unión de las derechas para enfrentar hace un par de años el movimiento de rebelión por la autodeterminación republicana en Cataluña.

Los pueblos tienen el derecho a la rebelión contra los poderes despóticos en su lucha por la liberación nacional y social. La clase obrera catalana – de histórica y combativa trayectoria – será parte de la gran lucha de todos los trabajadores y oprimidos de la Península Ibérica contra una monarquía capitalista, parasitaria y corrupta, que se sostiene en forma antidemocrática y apela, crecientemente, a la represión.

Por el derecho a la autodeterminación Cataluña y demás nacionalidades oprimidas. Fuera la monarquía franquista. Por una confederación de repúblicas de los pueblos de España obrera y socialista.

Como planteara Ramal en la concentración frente al Congreso Nacional: la mayoría del pueblo trabajador argentino acompañó la lucha republicana en la guerra civil española contra el fascismo franquista. Ahora debe cumplir con su deber internacionalista con la lucha de los trabajadores y los pueblos oprimidos de España.