Londres: La City no le teme al “rojo”

La victoria de Ken Livingstone, apodado ‘Ken el rojo’, en las elecciones municipales de Londres ha sido un duro golpe para el gobierno laborista encabezado por Tony Blair. Pero no ha conmovido a los capitalistas británicos, que no muestran ningún signo de preocupación por la victoria de un hombre calificado como “extremista”. ¿Por qué?


El nuevo intendente londinense carece casi por completo de poderes, al punto que su puesto ha sido definido como “más cercano al de un lobbysta que al de un gobernante ejecutivo” (International Herald Tribune, 9/5). Livingstone no manejará ni la educación, ni la vivienda, ni la recolección de residuos, ni la mayoría de los servicios municipales, que han sido puestos bajo la administración de cada uno de los 33 consejos barriales en que está dividida Londres. Tendrá a su disposición un muy pequeño presupuesto (poco más de 50 millones de dólares anuales) y no podrá establecer impuestos. “Es el único intendente de una gran capital en todo el mundo que no tiene un solo impuesto a su disposición. Elegido libremente, estará encadenado por todas partes” (ídem). Sólo tendrá mando efectivo sobre el transporte público y, parcialmente, sobre la policía (ya que sus jefes son designados por el gobierno nacional).


Esto ocurre cuando, desde la disolución en 1993, por la Thatcher, del anterior Consejo del Gran Londres (encabezado por Livingstone). Así Londres se ha convertido en el paraíso de la especulación inmobiliaria, fueron cerradas numerosas fábricas y el puerto, se han perdido un millón de puestos de trabajo en la industria, la tasa de desempleo duplica el promedio nacional y la población trabajadora se ha empobrecido. Frente a la miseria salarial, los maestros, las enfermeras y los médicos municipales abandonan en masa sus empleos: un maestro gana 30.000 dólares al año en una ciudad donde una vivienda promedio cuesta 230.000 dólares.


En uno de los pocos terrenos donde Livingstone cuenta con poder, el de los transportes, está pendiente la modernización de la obsoleta red de subterráneos y su extensión, un negocio de más de 2.000 millones de dólares.


Blair propone la privatización parcial de los subtes, pero “hay poco entusiasmo por la propuesta del gobierno” (ídem). Livingstone quiere que sea el gobierno municipal el que modernice y extienda la red de subterráneos, emitiendo bonos de deuda municipal, que serían pagados con las ganancias que obtenga el subte, es decir por sus usuarios.


¿Qué opina la burguesía de esta disputa? Sir Michael Pickard, cabeza de Londres Primero, un grupo de presión que abarca a los grandes capitalistas londinenses, ha declarado que “las empresas no están preocupadas por el origen del dinero; lo que les preocupa son las demoras en iniciar las obras” (ídem). Es decir, que la extensión del subte será un gran negocio para la “patria contratista” londinense, incluso con el plan de Livingstone.