El pasado 14 de enero, entró en vigencia el decreto que, meses atrás, había anunciado la modificación de la política migratoria en Cuba. La nueva resolución elimina la llamada “carta de invitación” desde el país de origen y la “carta blanca”, las que además de onerosas (oscilaban entre los 200 y 400 dólares) eran consideradas el principal obstáculo a la hora de permitir la salida de los cubanos al exterior. Junto con esto, se eliminaron los aranceles mensuales, se autoriza viajar a los menores con sus padres y se duplica el tiempo de estadía permitido fuera del país. De ahora en más, el “permiso de viaje” se limitará a la obtención del pasaporte corriente.

Entre otras medidas, se deroga también la nacionalización a favor del Estado cubano de los bienes, derechos y acciones de los que se ausentaran con carácter definitivo del país. Y, por primera vez, se habilita -dentro de ciertas condiciones- el regreso de quienes residían ilegalmente en el exterior desde 1994.

Conquista democrática

Las medidas revierten una legislación de más de tres décadas. La posibilidad de la libre salida (y entrada) a la isla se convirtió en una bandera de amplios sectores de la población. Una interpelación televisada sobre este tema, en 2008, al presidente de la Asamblea Nacional por un estudiante de Ingeniería, fue durante mucho tiempo la noticia política más importante en la isla. También los pronunciamientos en esta dirección de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

El otro aspecto fundamental de la medida está dirigido a los cubanos que residen en el exterior -un 12,5% de la población doméstica (1,4 millones sobre una población de 11,2 millones). Cerca del 85,7% de ellos vive en los Estados Unidos. La amnistía que se les otorga para retornar al país implica la perspectiva de un flujo importante de dinero hacia Cuba, así como el reforzamiento del comercio privado interno. En este sentido, la nueva ley empalma con toda la política de recuperación de la economía, la que apunta a legalizar la acumulación de capital privado o individual. Hay quienes ven en este cambio también una suerte de aliento  a la salida de cubanos del país -esto para aligerar la fuerza de trabajo ociosa y los despidos masivos en el aparato del Estado, con la expectativa de que funcione como remitente de divisas extranjeras.

Los sectores privilegiados de la población, quienes tienen acceso a los dólares (o su equivalente, los CUC), serán los principales beneficiarios de la apertura migratoria. Las masas cubanas siguen dependiendo de las cartillas de racionamiento, trabajan en empresas estatales y manejan el devaluado peso cubano, con un salario promedio equivalente a unos 20 dólares (el pasaporte, por ejemplo, ha duplicado su valor y ahora cuesta 100 dólares). Cuba sigue dependiendo fuertemente de la importación de alimentos y recibe el subsidio del petróleo venezolano. La dualidad monetaria, el mercado negro y la importación para el consumo del turismo presionan hacia arriba los precios y la carestía, lo que agudiza el proceso de desigualdad social que se observa en la isla en los últimos años.

Las nuevas medidas pueden interpretarse, asimismo, como una suerte de válvula de escape del proceso de deliberación popular que vive la isla.

Límites y perspectivas

El alcance de las medidas estará determinado por la recepción que obtenga en el exterior. Hace ya un tiempo, Obama amplió la cantidad de vuelos y legalizó el envío de remesas. Según cifras oficiales, ya el año pasado unos 400 mil cubanos residentes en el exterior visitaron la isla. Por ahora, el gobierno norteamericano se apuró en señalar que no ampliará la cantidad de visas (20 mil) que otorga anualmente a los cubanos. España, otro de los destinos preferidos, vive una situación similar y tampoco ha dado señales de abrir la canilla de visados. La crisis y los problemas internos de las metrópolis capitalistas son el obstáculo que deberán sortear los cubanos que quieran visitar o trabajar en esos países. El Estado cubano, en tanto, seguirá reservándose el derecho de controlar quién viaja y quién no, a través de la emisión del pasaporte y la autorización especial para atletas, estudiantes y profesionales.