Se espera que esta semana el paquete de estímulo económico frente a la pandemia de Joe Biden llegue a ser votado y promulgado. El paquete, de 1,9 billones de dólares, ya ha sido votado en la cámara baja, para luego pasar varias semanas en el Senado, donde fue votado con modificaciones el sábado 6, enviando de vuelta el proyecto a su cámara de origen.

El debate se da en momentos que la crisis social sigue desarrollándose con crudeza en Estados Unidos. Los niveles de desempleo siguen altos. Se calcula que 40 millones de trabajadores enfrentan procesos de desalojo (que han sido suspendidos hasta junio) y otros doce millones tienen dudas de poder pagar su próximo mes de alquiler.

El paquete incluye una serie de reducciones impositivas para familias de bajos ingresos. Lo que no existe en el paquete son impuestos a las grandes fortunas para financiar los planes sanitarios y de infraestructura que el gobierno Biden dice son prioritarios. Las grandes empresas que dominan Wall Street han hecho saber su oposición terminante a ser alcanzadas por cualquier impuesto y contraproponen un impuesto sobre el combustible que impactaría sobre los consumidores (Financial Times, 22/2)

La tijera bipartidaria del ajuste

En el trajín del debate parlamentario, la ayuda a los trabajadores se ha disminuido significativamente. Cabe destacarse que esta rebaja no ha partido exclusivamente de la bancada republicana, sino también de parte de los propios legisladores demócratas.

El compromiso de una asistencia por Covid-19 de U$S 2.000 a quienes ganaran  menos de U$S 75.000 anuales, más una gama menor de asistencia para quienes ganaran hasta U$S 100.000 fue reducida a U$S 1.400 para quienes ganan menos de U$S 80.000 anuales. Se calcula que los cheques llegan de esta manera a 12 millones de adultos y 5 millones de niños menos. La diputada progresista Alexandria Ocasio-Cortez acotó que el envío de Biden de esta manera llegaba a menos gente que los que fueron enviados por Trump el año pasado. “Un gol en contra” tuiteó la diputada, evidentemente con la remera de Biden y el Partido Demócrata puesta.

El subsidio a los desocupados fue reducido de U$S 400 semanales a U$S 300, a instancias de Joe Manchin, senador demócrata por el estado de West Virginia, fanático del ajuste fiscal. Cabe señalar que la votación en el senado no contó con un solo voto republicano, así que todos estos retrocesos fueron resultado exclusivamente de la negociación en el bloque demócrata.

El punto más importante de retroceso fue la eliminación de cualquier referencia en el paquete a la mejora del salario mínimo. El punto, que había sido planteado con insistencia por el senador Bernie Sanders, había sido votado en la cámara baja con una formulación que está lejísimos de las necesidades de los trabajadores. El actual salario mínimo bajísimo de U$S 7,50 la hora pasaría a U$S 15… a lo largo de 5 años de aumentos graduales. Incluso esta formulación baja fue rechazada en el senado. Primero la funcionaria a cargo de técnica parlamentaria rechazó que se incluya en una votación de un proyecto concentrado en el presupuesto del Estado, que puede aprobarse por mayoría simple en el Senado. Cuando Sanders llamó a desconocer ese laudo y votar la inclusión de todas maneras, incluso lanzando el planteo de modificar la regla que hace necesaria una mayoría especial para la mayoría de los proyectos en el Senado, fue derrotado por una mayoría de 58, que combinó los votos de la bancada republicana con los de 8 senadores demócratas. El problema de la mayoría especial resultó abstracto, ya que fue la mayoría demócrata la que se dividió frente al problema. El mencionado senador demócrata Manchin no solo se oponía a que se incluyera en este paquete, sino que apuntó a que cualquier aumento  del salario mínimo por encima de U$S 11 quedará atado a la inflación.

Biden, lejos de condenar la rebaja sistemática de los beneficios para los trabajadores, saludó que se hayan realizado los compromisos necesarios y dijo que el proyecto es “casi igual” al que había anunciado en su momento. Las declaraciones le marcan la cancha, no a quienes votaron con los republicanos, sino a cualquiera que quiera repudiar el retroceso que se ha convalidado.

Todo el proceso ha marcado la extrema impotencia que marca a la izquierda del Partido Demócrata. Los 90 mil miembros que contabiliza su principal organización, los Demócratas Socialistas de América (DSA) no han protagonizado ningún proceso de movilización. Los sindicatos, controlados por el mismo partido, se mantienen completamente paralizados. Las quejas de Sanders y Ocasio-Cortez no conmueven a los millonarios que controlan ambos partidos de Washington. Para imponer las reivindicaciones urgentes de las masas trabajadoras que necesitan garantizar su trabajo, alimento y vivienda hay que retomar el camino de la movilización que planteó la rebelión contra la violencia policial racista el año pasado. Esta lucha implica la construcción de un partido independiente de la clase obrera. El gobierno Biden en pocas semanas da muestras renovadas de la imposibilidad de que el Partido Demócrata sea vehículo de estas necesidades.