Los intereses en juego


Entre quienes aplauden la iniciativa de Obama de normalización de las relaciones con Cuba se encuentran desde políticos del Partido Republicano a grupos de presión conservadores. Este giro confluye con el interés de las empresas norteamericanas, que no quieren quedarse rezagadas en este viraje. 


 


De ahí que dos de los lobbies más activos en favor del deshielo sean la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación de Oficinas Agrícolas Americanas. La primera es el principal lobby empresarial enfrentado a Obama en cuestiones como la reducción de las emisiones contaminantes y la reforma sanitaria. La segunda es el lobby rural, y su respaldo refleja la esperanza de que la nueva etapa permita aumentar las exportaciones de productos agrícolas.


 


Desde la automotriz General Motors Co. hasta el gigante de la agroindustria Cargill Inc. y el minorista de muebles para el hogar Ethan Allen Inc. aplaudieron el anuncio de la Casa Blanca.


¿Significan estos apoyos que Obama tiene el camino allanado para imponer el acercamiento a La Habana? No. Obama puede reanudar las relaciones diplomáticas, sacar a Cuba de la lista de “países que patrocinan el terrorismo” y facilitar los viajes y el comercio. “Pero el Congreso posee la llave del embargo comercial. Y no parece dispuesto a levantarlo en lo que le queda a Obama de mandato, hasta enero de 2017” (El País, 24/12).


 


 


Nuevas concesiones


 


El gobierno cubano plantea que ha puesto en marcha el “modelo chino”, en relación al proceso de restauración capitalista que pegó un salto con el nuevo paquete de medidas lanzado a comienzos de año. La “nueva ley de regulación de las inversiones extranjeras” autoriza la inversión foránea en prácticamente todos los sectores de la economía. Los “incentivos” eximen a los inversores del pago de impuestos sobre ganancias durante ocho años y se elimina el impuesto al uso de mano de obra. Los inversores pueden importar y exportar equipos sin intermediación estatal. Se han establecido una zona franca, en el puerto de Muriel. Previamente se aprobaron las disposiciones que permitieron el despido de miles de empleados públicos, la autorización a la compraventa de inmuebles y autos y el aliento, como contrapartida, de emprendimientos y explotaciones privadas.


 


Pero hasta el momento, “aún no se ha producido un sólo acuerdo” de inversión (New York Times, 24/12). Las empresas inversoras no tienen libertad para contratar en forma directa al personal ni para despedirlo. El Estado obra como intermediario, proveyendo la mano de obra y quedándose con las divisas por ese servicio, mientras los trabajadores cubanos siguen cobrando sus salarios en pesos cubanos, equivalentes a unos 20 dólares. Del mismo modo, el diario neoyorquino destaca el crecimiento de un sector privado que involucraría ya a medio millón de personas. Pero advierte que “las autoridades cubanas parecen tener una actitud inconstante respecto a este franja nueva: los burócratas están poniéndole trabas a los negocios particularmente exitosos y obligando a convertirse en cooperativas administradas conjuntamente con el Estado” (ídem).


 


A partir del panorama expuesto, está claro que el levantamiento del embargo estará condicionado a mayores garantías por parte del régimen cubano y nuevas concesiones leoninas a favor de los inversores. El gran capital pretende la libre contratación de fuerza de trabajo, para apropiarse de una plusvalía extraordinaria que se potencia por la elevada calificación laboral. Del mismo modo, se reclama extender la libertad para importar, exportar y negociar libremente, sin interferencia del Estado, para ese naciente sector privado. La “madre de todas las batallas” será, sin duda, la unificación de la moneda, porque supone una devaluación gigantesca de la moneda que determina los salarios y los precios de consumo. La unificación cambiaria es un instrumento estratégico de la colonización capitalista de la isla, pero tendrá como consecuencia una conmoción social.