Una vez más, docentes y estudiantes salen juntos a las calles, para reclamarle al gobierno de Iván Duque los incumplimientos de los acuerdos pactados en 2017. Nucleados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), las 48 horas de paro nacional docente lograron saltar el cerco mediático con más de 50.000 personas en las principales ciudades del país.

Durante 2017, una huelga de 37 días conmocionó el escenario político colombiano. Los docentes reclamaban por mejoras salariales, mejoras en sus obras sociales y contra las persecuciones y asesinatos que sufrían los activistas gremiales y docentes rurales. La huelga finalizó con una negociación entre los sindicatos y el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente en ese entonces, donde se acordaba un aumento salarial progresivo hasta 2020, entre otras reivindicaciones. En 2018, con Iván Duque como presidente, los docentes protagonizaron otra vez en las calles un paro nacional convocado por las principales centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), rechazando el Plan Nacional de Desarrollo, un ajuste presupuestario enmascarado discutido en abril. En mayo del mismo año, una jornada de 48 horas también reclamó por incumplimientos.

Hoy, con un recambio de gobierno incluido, el panorama sigue casi intacto. Los docentes y sus familias siguen sin recibir una atención médica adecuada. Se les niega medicamentos, los turnos son difíciles de conseguir y hay demoras en tratamientos y cirugías. La privatización de numerosos hospitales públicos los obliga a recurrir al sector privado, donde los aranceles altísimos resultan muchas veces inaccesibles para cientos de familias. Para peor, la devaluación del peso colombiano ha pulverizado los salarios de los trabajadores, con un poder adquisitivo en picada (Portafolio, 27/8). Además, a causa de la inflación, el Programa de Alimentación Escolar es cada vez más insostenible. Por ello, el reclamo por un aumento presupuestario al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio (FOMAG) se convierte en otra de las importantes reivindicaciones docentes. Sin presupuesto, los colegios públicos se caen a pedazos, no pueden ofrecer comedores a sus estudiantes ni materiales didácticos.

Los incumplimientos del pacto perpetúan la precarización laboral y la pobreza entre la docencia. Al mismo tiempo, el naufragio de los acuerdos de paz con las Farc ha redundado en un salto en los crímenes por parte de grupos paramilitares y bandas de ultraderecha. Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal del 15 de mayo, “son 317 los líderes sociales asesinados en el país entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019, y más de 500 desde que se firmara el acuerdo de paz con las Farc en 2016” (Página 12, 3/6). Este año, fueron asesinados Carlos Arturo Mazo, Leonardo Trujillo y Orlando Gómez, que se suman a la extensa lista de docentes rurales asesinados -se estiman unos 1.063 asesinados, 200 secuestrados y 201 desaparecidos, todos selectivos, en los últimos 60 años, según números publicados por la Unidad Nacional de Protección en abril de este año.

La FECODE aglutina el 86% del total docente y la única respuesta del oficialismo es la tratativa en el Congreso de un proyecto de ley que criminalice la protesta, presentada por el Centro Democrático (partido del ex presidente Alvaro Uribe y el actual presidente Iván Duque).

Además de ser cómplice de los grupos paramilitares, Duque es un peón de la política del imperialismo norteamericano en la región. Retomó la política de fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca, que pone en peligro la salud de los campesinos, y es uno de los principales impulsores del golpismo en Venezuela, ofreciendo su territorio para el desarrollo de esas provocaciones.

El triunfo de la lucha de los maestros implicaría un golpe a toda esta política.