Los mineros despedidos de San José denuncian al gobierno

Como en la canción de Serrat, “se acabó la fiesta”. Tras el rescate mediático de los mineros de San José, “vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a sus riquezas”. El domingo 17 de octubre se había organizado una misa, a cargo del obispo de Valparaíso, en la zona donde había funcionado el campamento de los familiares de los 33 mineros, durante los 70 días en que estuvieron en el socavón (hasta habían previsto la presencia de un pastor evangélico para compartir los créditos del “milagro”). Pero la explotación social y la lucha de clases, que es como su sombra, metió la cola. Es que los trabajadores de San José -unos 300 además de los 33 que fueron rescatados- no han cobrado sus salarios durante los 70 días en que la mina permaneció inactiva y hoy están, además, en la calle. La patronal se declaró en quiebra y el gobierno ha prometido indemnizaciones por despido (finiquito le dicen en Chile) en cuotas a lo largo de un año, pero hasta ahora no han cobrado ninguna.

Un grupo de ellos se organizó y se manifestó con carteles que denuncian “70 días sin plata y trabajo. Finiquito ya. No nos roben” (Clarín, 18/10). Quisieron participar de la misa, pero un cordón de carabineros ¡lo impidió! Obtuvieron naturalmente la solidaridad de los que fueron rescatados. “Apoyamos a nuestros compañeros, Queremos que su situación se solucione”, declararon. Es que la mayoría de ellos, tras recibir el alta médica, ha regresado a sus humildes hogares en los barrios pobres de Copiapó (La Nación, 18/10).

El gobierno de Piñera, rápido para concederle seis años de prórroga a los pulpos mineros en sus regalías (ver Prensa Obrera Nº 1.151, 21/10), retacea las compensaciones a los trabajadores mineros que hicieron el aguante a sus compañeros atrapados bajo tierra. Hoy están sin trabajo como resultado de la negligencia criminal de la patronal de la mina, que contó con la complicidad corrupta de los funcionarios de control, tanto del gobierno de la Concertación como del propio Piñera.

Los accidentes en la minas chilenas se siguen cobrando la vida de los mineros (ver PO, ídem), lo que muestra que las promesas de Piñera tienen patas cortas. La presión popular que rodeó a los mineros, que fue un factor clave para asegurar su supervivencia, sigue presente. El gobierno se vio obligado a adherir a las resoluciones de la OIT (que hasta el derrumbe venía eludiendo), que permiten a los sindicatos mineros establecer controles sobre las condiciones de seguridad en las minas. Piñera comprobará más temprano que tarde que la “popularidad” que le generó el operativo rescate es ficticia. El pueblo chileno, con su columna vertebral en el proletariado minero, le está soplando en la nuca. La manifestación del domingo 17 en el Campamento Esperanza es sólo un primer acto.