En Brasil, el Programa de Alimentación para el Trabajo (PAT), que subsidia la compra de alimentos de trabajadores ocupados cuyos ingresos no superan determinado mínimo, es política de Estado: rige desde 1976, cuando gobernaba la dictadura militar de Ernesto Geisel. Hoy, ese programa incluye a 12 millones de personas.

De manera explícita, el PAT tiene por objetivo mantener a la clase obrera en condiciones más o menos aceptables de alimentación para sostener los ritmos de productividad, cada vez más intensos en Brasil. “Trabajadores, empresas adheridas y el Estado ganan mejorando la alimentación de los asalariados, y cada uno de los actores puede medir los beneficios del programa” (Perfil, 27/9).

El PAT se sostiene básicamente con descuentos al salario y, en menor medida, con el financiamiento de las empresas para la compra de comida, por medio de tarjetas magnéticas, en restaurantes y supermercados.

Además, el programa en cuestión se ha transformado en un negocio enorme. Uno de sus promotores, el investigador José Alfredo Mazzon, de la Universidad de San Pablo, está en Buenos Aires con el propósito de que ese negocio prospere también aquí. Mazzon explica: “Imagínese cómo mejora la actividad económica cuando se le da de comer a doce millones de trabajadores. En treinta años, el PAT produjo negocios por 158 mil millones de dólares” (ídem).

Mazzon añade: “Los niveles de indigencia de los trabajadores argentinos son muy altos, tanto oficial como extraoficialmente. Por eso creo que aplicar un PAT argentino es buena idea”.

El hambre y la miseria salarial pueden ser negocios excelentes. Y ya hay quien hace cuentas.