Los Schiavi y Jaime de España

Con el mismo cinismo que el kirchnerista Randazzo, el ministro del Interior español justificó al día siguiente del accidente en el que murieron 80 personas, la detención del maquinista del tren que descarriló el 24 de julio en Galicia, diciendo que "había indicios racionales contra él" (El País). Pero en las redes sociales los usuarios señalaban a los trenes españoles como "ataúdes sobre rieles" y la CGT -una de las centrales sindicales españolas- denunció que líneas como la del tren accidentado "no disponen de los sistemas de seguridad adecuados para circular". La CGT denunció que gobierno y empresas buscan incriminar al maquinista a partir de "grabaciones del video del accidente y las conversaciones grabadas con un micrófono de ambiente instalado en la cabina del tren, de cuya existencia los trabajadores no tienen conocimiento y los representantes sindicales se opusieron en su momento a dicha instalación" (comunicado 139 SSF-CGT).


Trenes para valorizar el capital


El accidente se produjo en el marco de un proceso de reducción de trenes y recortes que afectaba varios líneas, entre ellas la de Galicia, frente a lo cual se organizaron asambleas "en defensa del ferrocarril público y social", con movilizaciones en todo el país. Incluso estaban convocadas huelgas para el 31 de julio y dos más en agosto que, contradictoriamente, fueron "desconvocadas" por la CGT ante el accidente. Las inversiones (ferroviarias en general, y en su seguridad en particular), se concentraron en los ramales más rentables, en los corredores turísticos y con criterios de valorización de las tierras y regiones circundantes. El sindicato denuncia a las empresas como puntas de lanza de un proceso de privatización de los trenes: "ahorran costos y preparan las empresas para continuar dividiéndolas y privatizándolas en detrimiento de la seguridad". Este ahorro en "costos", ya provocó que desde hace 10 años se eliminara el "compañero de cabina implantando agentes de conducción únicos" (El Pais). Mientras tanto, el conductor del tren accidentado realiza una jornada laboral de más de 11 horas y media, lo cual atenta contra la concentración diaria. El accidente en Galicia ha puesto en cuestión una serie licitaciones internacionales por la construcción de ferrocarriles en Brasil y otros países por parte de las empresas españolas. Por eso, la acusación sobre el maquinista busca encubrir la responsabilidad empresaria, frente a un tren que circulaba a 200 kilómetros por hora sin la seguridad y la tecnología de un tren de alta velocidad. Nuevamente, queda en evidencia que la tecnología requerida para la seguridad de los pasajeros y trabajadores no se incorpora en los trenes debido a la búsqueda de rescatar al capital en el marco de la crisis. La bancarrota española ha dejado ver a los Schiavi y Jaime de la península.