A pocas horas de su derrota en el referéndum sobre la ley de privatizaciones, Luis Alberto Lacalle —presidente del Uruguay— se dirigió en secreto al domicilio particular del senador frenteamplista Francisco Rodríguez Camusso para solicitarle una entrevista con Liber Seregni, presidente del Frente Amplio. Diligente, Rodríguez Camusso gestionó tan sigilosamente la entrevista que los dirigentes del FA se enteraron de ella por los diarios. En el curso de la reunión —la primera que sostuvo con un político opositor después del referéndum— Lacalle solicitó que el FA “no ponga piedras en el camino” del gobierno. Horas después, el citado Rodríguez Camusso vetó en la Mesa Política del FA una declaración de repudio al ministro de Economía De Posadas. El episodio ilustra sobradamente el papel que juega el Frente Amplio.

Seregni y Rodríguez Camusso, naturalmente, no han sido los únicos en apuntalar la “gobernabilidad”. El senador Danilo Astori concluyó que “en el referéndum no hubo vencedores ni vencidos”, es decir que los “vencedores” saldrán al rescate de los “vencidos”. De paso, el senador reconoce que entre las dos trincheras del referéndum, el “sí” y el “no”, no había diferencias de principios (ambas eran privatizadoras y entreguistas) sino apenas de grado. El mismo Astori llamó también a “reconocer la verdad de los otros”.

Menos “poético”, otro connotado frenteamplista —Reinaldo Gargano, secretario general del Partido Socialista— constató que “el pueblo no ha cuestionado la legitimidad de este gobierno como se pretende decir por ahí; este gobierno tiene que terminar su mandato para el que fue legítimamente electo” (La República, 26/12). Por eso, la burocracia del PIT-CNT “no encontró clima propicio para una protesta generalizada” … a pesar de que más del 70% de los uruguayos votó contra el gobierno (La República, 21/12). ¡Esta es la gente que, según el Mas y el Mst, habría “encontrado la vuelta” para derrotar los planes de entrega!

La reforma político-electoral

Como obedeciendo a una consigna, después del referéndum todos los partidos, oficialistas u “opositores”, salieron a reclamar una reforma constitucional, una reforma electoral y hasta una ley de los partidos. La dirigencia del FA —Astori, Tabaré Vázquez, Seregni, el PS— se ha sumado abiertamente a esta campaña, que tiene mucho de distraccionista frente a la catastrófica situación de las masas, a las luchas en curso —como las de UTE (electricidad) y Promopés (cooperativa de pesca)— y a las negociaciones en curso entre la oposición y el gobierno acerca de la “reformulación de la política económica” .

Para el FA la reforma constitucional-electoral tiene un objetivo estratégico: habilitar los mecanismos para la formación de un “gobierno de mayorías nacionales” con los partidos patronales en 1994: “la reforma constitucional es el esqueleto de la tesis de gobierno de mayorías nacionales” (La República, 26/12). La “derecha” del FA “está pensando —después del 13 de diciembre con mayor intensidad— en la posibilidad de reformas electorales que permitan que dirigentes, caudillos, líderes y ciudadanos de los partidos tradicionales puedan, no ingresar como en la década del ´70 en el Frente Amplio, sino que nuevas formas políticas institucionales permitan que los votos de la izquierda frenteamplista se sumen con los del Nuevo Espacio y de los sectores progresistas de los partidos tradicionales”(La República, 16/12). Ya Tabaré Vázquez, intendente frenteamplista de Montevideo, señaló “la necesidad de un acuerdo pre-electoral entre el Frente y el Foro (Batllista, del ex presidente Sanguinetti, obviamente un elemento nada “progresista”) para asegurar la gobernabilidad de Uruguay” (Ambito Financiero, 15/12).

El FA en crisis

Detrás de la “alegría profesional” del aparato de los partidos y de la burocracia sindical en la noche del referéndum, ha resurgido a la luz del día la crisis del FA.

Como siempre, la crisis se manifestó en una andanada de acusaciones públicas. Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente del MPP y de Tupamaros, la emprendió contra Astori y Tabaré declarando que “hay dirigentes del Frente Amplio que de tanto referirse a la cultura del gobierno ya forman parte del gobierno” (La República, 23/12). Rodríguez Camusso, por su parte, “instó a dar la batalla ‘para salvar al Frente Amplio de los radicales” (La República, 29/12).

Pero incluso “la derecha” del FA se ha fracturado: un sector, dirigido por el PS, que pretende posponer las “privatizaciones” hasta el próximo gobierno, y otro sector, representado por Astori, plantea que “no podemos negarnos a conversar si alguien plantea las privatizaciones” (La República, 17/12). La escisión de los “derechistas” se hizo patente en el escándalo armado por el PS contra Seregni a raíz de su entrevista secreta con Lacalle.

Esta división de la “derecha” permitió una votación favorable a los “radicales” en el seno del plenario del FA, que fue prematuramente caracterizada como “victoria”. El “radicalismo”  ( MPP y el PCU) reclamaba la interpelación parlamentaria del ministro de Economía, el cese de las “privatizaciones” en curso y el “replanteo de la deuda externa”. La “derecha”, naturalmente,  se cagó abiertamnete en las resoluciones “radicales” del plenario: Carlos Pita, de la Corriente Popular y uno de los elementos más derechistas del FA, “aseguró que seguirá negociando la reforma del Estado a nivel de la Comisión de Defensa del Patrimonio… porque ese es su ámbito natural” (La República, 29/12).

La “izquierda” frenteamplista hace el ridículo papel de rechazar la reforma político-electoral (pretendiendo con esto ponerle “piedras en el camino” al “gobierno de mayorías”) y de exigir el “replanteo de la deuda externa” como una forma de “filtrar” a los aliados “demasiado derechistas”. Con estos subterfugios pretende evadir el carácter contrarrevolucionario del FA y su integración de clase al Estado y al imperialismo.