El gobierno de Ernesto Zedillo está preparando las condiciones políticas y milita­res para aplastar la insurgencia campesina en Chiapas y aniquilar al Ejército Zapatis­ta. Mientras utiliza la cadena de TV y la prensa oficialista para proponer “negociacio­nes de paz”, “en las últimas dos jornadas se produje­ron notables avances del ejército al interior de la zona selvática que el EZLN considera su territorio” (Clarín, 26/12). El ejército mexicano ha estre­chado el cerco sobre los terri­torios dominados por el EZLN y la “tierra de nadie” que separaba a los zapatistas de los militares se ha angostado hasta casi desaparecer. El ejército tiene desplegados 60.000 hombres armados hasta los dientes en Chiapas, que cuentan con “instructo­res” y “asesores” norteame­ricanos, argentinos y guate­maltecos. Los vuelos rasantes de aviones y helicópteros mi­litares sobre los territorios zapatistas se han incremen­tado en los últimos días.

Incluso, la devaluación del peso tiene un costado rela­cionado, según los analistas, con la política de masacre: “disminuir la presión so­bre el peso -dice el Finan­cial Times (22/12)- podría darle al gobierno el tiem­po para resolver el violen­to conflicto (de Chiapas)”.

Estas evidencias han obli­gado a los zapatistas a “rom­per la tregua”. El EZLN ocupó 38 municipios en todo el Estado sin disparar un solo tiro para quebrar el cerco que estaba cerrando el ejército.

Después del avance zapatista, el ejército ha recuperado el terreno y ha vuelto a encerrar nuevamente al EZLN.

La urgencia del gobierno por liquidar a la insurgencia está dictada por el hecho de que “Chiapas se ha vuelto ingobernable” (The Guar­dian; 4/12).

En dos regiones al norte del Estado, los indios tzotziles, ceitales y tojolabales — organizados en la Unión de Trabajadores Agrícolas— han declarado su autonomía respecto del gobierno estatal: asambleas electas organizan el trabajo y la justicia locales y han anunciado que no paga­rán los impuestos, ni las deu­das al gobierno ni el suminis­tro de agua y energía eléctrica (ídem). Gerardo González, di­rigente popular chiapaneco, estimó que “el 40% de la superficie del Estado se en­cuentra bajo control po­pular” {Brecha, 16/12). Eduardo Robledo, el goberna­dor “oficial” del Estado, elec­to sólo gracias a un fraude escandaloso, ha hido “desco­nocido” por el candidato del PRD, Armando Avendaño, quien proclamó un “gobier­no paralelo” con el apoyo del EZLN y de las organizaciones indígenas. El gobierno para­lelo ejerce su mandato sobre 53 de los 110 municipios del Estado de Chiapas.

En el campo se libra una guerra civil. Las ocupaciones de tierras por grupos de cam­pesinos armados se han mul­tiplicado en los últimos me­ses. Los terratenientes han formado ejércitos mercena­rios, reclutando veteranos de las guerras de América Cen­tral. Bajo la mirada del ejérci­to, las “guardias blancas” de los terratenientes secues­tran y asesinan a militantes y dirigentes campesinos. Son numerosas las organizacio­nes de derechos humanos, tanto mexicanas como inter­nacionales, que denunciaron la salvaje “guerra sucia” que han desatado los latifun­distas y caciques de Chiapas contra los indígenas sin tie­rras.

El gobierno está buscando un “triunfo” que le permita poner un freno a la tendencia a la desintegración del Esta­do; que le permita arbitrar entre las distintas fracciones del partido oficialista, enfren­tadas a muerte en el sentido literal de la palabra; que le dé un “respiro” para buscar una salida a la crisis económi­ca, y que le permita imponer un retroceso profundo y pro­longado a los explotados de todo el país.