En Atenas acaba de comenzar un juicio contra los supuestos integrantes de la organización terrorista “17 de Noviembre”.

El proceso es una farsa jurídica. Los acusados fueron secuestrados por la fuerzas de seguridad; son juzgados mediante leyes especiales; los debates de los tribunales no son públicos; durante sus declaraciones, no se permitió la presencia de sus abogados; las “pruebas” que se presentan contra ellos son las declaraciones de supuestos “arrepentidos” y de integrantes de los servicios de inteligencia; están sujetos, según una ley recientemente dictada, a ser extraditados a los Estados Unidos si son encontrados culpables de crímenes que ya han prescrito según las leyes griegas y europeas. Detrás de los servicios griegos, en este montaje participan activamente la Cia y los servicios británicos.

El juicio se desarrolla en medio de una histérica campaña del gobierno, la oposición “responsable”, los jueces, las fuerzas de seguridad y la prensa. Esta campaña va mucho más allá del grupo “17 de noviembre” y se extiende a los partidos de la izquierda, las organizaciones de derechos humanos, los sindicalistas combativos. Todos ellos, y también las personalidades que como Eleni Varikas, catedrática de la Universidad de París, denuncian “el desprecio de las reglas elementales de derecho con que se instruyó el proceso”, son tildados de “terroristas”.

Muchos de los hechos por los que se acusa a los supuestos integrantes del “17 de Noviembre” fueron cometidos hace más de 25 años, cuando gobernaba Grecia la sangrienta “dictadura de los coroneles”. Inmediatamente, los inquisidores convirtieron todos los actos de lucha y de resistencia del pueblo griego contra esa dictadura en “actos terroristas”. Así fueron detenidos y están sometidos a juicio dirigentes obreros históricos, que han jugado un papel de primerísima línea en la lucha contra la dictadura, como el trotskista Théologos Psaradellis y el anarquista Yannis Serifis. A los acusadores no les importó, por supuesto, que tanto Psaradellis como Serifis, tanto en su militancia práctica como en sus escritos, han rechazado sistemáticamente el terrorismo individual.

El hecho de que el principal acusado, Alexandre Giotopoulos, sea el hijo de Dimitri Giotopoulos, el fundador del trotskismo griego, les ha servido a los servicios de inteligencia para lanzar un ataque político a fondo contra las organizaciones trotskistas griegas, a las que también acusan de “terroristas”. En este cuadro de persecución política e ideológica, un jefe policial griego inició un juicio contra el compañero Panayotis Vihos, miembro del Comité Central del EEK (Partido Revolucionario de los Trabajadores), partido integrante del Movimiento por la Refundación de la IV Internacional, cuyo domicilio fue allanado y requisado sin que se le formulara cargo alguno.

Cuando en Grecia, como en Estados Unidos y en toda Europa, se montan estados policiales, se fortalecen los organismos represivos y de espionaje interno y se liquidan las libertades democráticas para aplastar las reivindicaciones obreras y populares, los gobernantes necesitan extirpar de la memoria colectiva del pueblo la heroica lucha contra el Estado policial de la “dictadura de los coroneles”.

Esta es la función reaccionaria y represiva de la farsa jurídica y de la persecución política e ideológica que se ha lanzado en Grecia.