El presidente tunecino Kaïs Saied suspendió por 30 días el parlamento y destituyó al primer ministro Hichem Mechichi, además de cambiar los titulares de las carteras de Defensa y Justicia. El Ejército fue desplegado en las puertas del palacio legislativo e impidió el intento de ingreso de los diputados. Frente a las denuncias de golpe de Estado, Said declaró: “advierto a cualquiera que piense en recurrir a las armas… a cualquiera que dispare una bala, las fuerzas armadas le responderán con balas” (El País, 25/7).

Saied se ampara en un artículo bastante genérico de la Constitución que le permite tomar medidas excepcionales frente a situaciones “de peligro inminente que atente contra las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país”. Sin embargo, dicho artículo establece también que el parlamento debe seguir funcionando ante tal eventualidad en estado de asamblea permanente. Referentes del islamista Ennahda, el partido que ostenta la presidencia de la cámara y el mayor bloque de legisladores, anunciaron que intentarán seguir sesionando fuera de las instalaciones sitiadas por las fuerzas de seguridad.

El presidente tunecino venía arrastrando una larga disputa con su primer ministro, quien en enero designó un gabinete que nunca fue confirmado por su rival. El Tribunal Constitucional, que podía forzar al presidente a aceptarlo, se encuentra sin quórum, con lo cual el país sufría una crisis política. Mechichi había asumido su puesto en agosto del año pasado en reemplazo de Elyes Fakhfakh, destituido por corrupción, y contaba con el soporte legislativo de Ennahda y Qalb Tunis, una fuerza liderada por un empresario de medios de comunicación que fue condenado por lavado de dinero.

Saied llegó al poder como un outsider, tras las elecciones de 2019, favorecido por el rechazo popular al régimen político. Es una figura conservadora, que defiende por ejemplo la penalización de la homosexualidad.

Una situación crítica

La maniobra golpista del presidente es un intento de concentrar el poder en un contexto crítico. A nivel sanitario, el país tiene hoy la mayor tasa de mortalidad por coronavirus (1,4 cada 100 mil habitantes) del continente, exceptuando a Namibia (El Mundo, 22/7). La ocupación de las camas de terapia intensiva oscila entre el 90 y el 100%. El personal de salud está exhausto y escasea el oxígeno. Túnez tiene un nivel de vacunación superior al promedio africano, pero aun así es bajo (8% de la población con las dos vacunas). Recientemente cayó un ministro de salud por habilitar la vacunación libre para adultos sin que hubiera la cantidad suficiente de inmunizantes para abastecer la demanda, lo que provocó grandes aglomeraciones. En este marco, Saied puso el control de la pandemia bajo el mando de la Dirección de Sanidad Militar.

En el plano económico, el Covid-19 ha afectado enormemente el turismo, una actividad clave de la economía. El desempleo juvenil es del 35% y todas las reivindicaciones sociales de la rebelión de 2010 que derrocó al tirano Ben Ali siguen pendientes. Algunos medios indican que el gobierno ha evaluado la posibilidad de pedir un nuevo préstamo al FMI, lo que obviamente tendría como contrapartida un severo ajuste contra las masas.

El 25, hubo movilizaciones en distintos puntos del país convocadas por un movimiento (25 de Julio) que afirma no responder a ningún partido político. En el curso de las mismas, fueron atacados locales políticos de Ennahda, blanco del repudio popular porque lleva casi una década en posiciones de poder.

Repercusiones

Con su maniobra, Saied busca explotar esta onda de rechazo al régimen político. Por el momento, la reacción internacional ha sido cauta. La Unión Europea hizo un ambiguo llamado a respetar la Constitución “a todos los sectores”. Alemania reclamó “restablecer el orden constitucional tan pronto como sea posible”, pero aclaró que preferían no hablar de un golpe de Estado (Al Jazeera, 26/7). La ONU convocó al diálogo. La Liga Arabe, a “restaurar la estabilidad y la calma”. El único país que denunció un golpe y lo condenó fue Turquía, que se encuentra gobernado por una formación islamista (el AKP de Erdogan, Partido de la Justicia y el Desarrollo).

En el plano interno, Saied parece gozar del respaldo de las fuerzas armadas y sumó también un aval matizado de la burocracia de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT). Esta abogó por que las medidas del presidente no se transformen en “permanentes”, que vayan acompañadas por la garantía de los derechos constitucionales y que se evite una centralización excesiva (La Presse, 26/7). En los meses previos, la UGTT había desempolvado el planteo de un “diálogo nacional” frente a la crisis, en la línea de la experiencia de 2013.

Además de Ennahda, otras formaciones políticas, como la Corriente Democrática y el Partido de los Trabajadores (el viejo Partido Comunista Obrero de Túnez), rechazaron las medidas presidenciales. Esta última las calificó como “el comienzo de un golpe de Estado” (Middle East Eye, 26/7).

Las últimas resoluciones de Saied son un nuevo mentís para aquellos que señalan -al analizar la Primavera Árabe- a Túnez como el único ejemplo de transición exitosa a la democracia.

Las masas necesitan retomar el hilo de esa primavera para imponer las transformaciones políticas y sociales de fondo que necesitan el país y la región.