De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza alcanzó a 209 millones de personas en la región en 2020, 22 millones de personas más que el año anterior, y el mayor nivel en 12 años. De esas 209 millones, 78 millones están en la pobreza extrema (Cepal.org, 4/3). El crecimiento sostenido de la pobreza, sin embargo, precede a la pandemia: según el mismo organismo, desde 2014 hasta 2019 la pobreza se incrementó de 162 millones de habitantes a 187 millones.

En el pico de la pandemia, según el informe, las cifras de desocupación llegaron a superar el 20% en varios países. La franja correspondiente a mujeres trabajadoras ha sido la más duramente golpeada.

Pero además de estos números, hay que tener en cuenta otros. La pandemia ha empeorado la situación preexistente de crisis social, hecho que se pone de relieve en materia de salud. Siendo la población latinoamericana un 10% de la población mundial, un tercio de la misma ha sido golpeada por los contagios.

La cuestión alimentaria, un factor esencial a la hora de medir la vulnerabilidad en materia de salud afecta de un modo especialísimo al corredor seco de América Central, desde Nicaragua a Guatemala, franja geográfica donde la población tiene enormes dificultades para alimentarse.

El endeudamiento externo latinoamericano, incluyendo al Caribe alcanza en promedio al 79,3% del producto bruto. El déficit de cuenta corriente es en América Latina del 4,5% y en el Caribe del 17,2%.

El gasto en salud alcanza en Argentina, Chile y Brasil menos del 5% del PBI, mientras que es menos del 2% del gasto público en Haití, Bolivia y Guatemala, y en Honduras y República Dominicana es menor que el 3%.

Los datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud señalan que el 30% de la población latinoamericana no cuenta con acceso a servicios sociales en materia de salud, hecho concomitante con el nivel de pobreza extrema y desempleo existente.

A su vez, la situación de la vivienda es en extremo grave: en Brasil, por ejemplo existe un 30% de déficit habitacional (80 millones de personas) y en México es de un 27%, equivalente a 31 millones. Entre el 50% y el 60% de las nuevas viviendas son informales, es decir deficitarias en materia de servicios de agua y eléctricos, y han sido levantadas en asentamientos. Por añadidura en ellas tiene lugar un inevitable hacinamiento. El 23% de la población latinoamericana vive en esas condiciones (villas miserias argentinas, cantegriles uruguayos, favelas brasileñas o callampadas chilenas). Este porcentaje es equivalente a 120 millones de habitantes.

La alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet ha señalado su temor a “una nueva ola de movilizaciones sociales”, y expresó su preocupación a que el cuadro descripto dé lugar a una profundización del descontento social. No se equivoca Bachelet, que hace mención a esa posibilidad con la intención de advertir sobre la necesidad de ponerles freno. Y tampoco el FMI, que coincide con esta apreciación.

En consonancia con la preocupación de Bachelet, la ya citada Cepal ha planteado como salida a esta situación un pacto social, de modo de estrangular el proceso inevitable de rebeliones populares, para hacer pasar sin lucha los ataques a la clase obrera y a los oprimidos de América Latina.

Y desde luego que esa intención está atada tanto a la zanahoria como al garrote. Las fuerzas represivas no han vacilado en reprimir los levantamientos populares latinoamericanos, pero el gran capital no renuncia a maniobras para estrangularlos políticamente, tal como ocurre ahora con el impulso de la candidatura de Lula, o el intento de la oposición paraguaya en darle un cuadro institucional a la rebelión creciente en curso, o el papel del Frente Amplio y el PC chilenos en la perspectiva de estrangular la aun persistente tendencia a la rebelión popular. Esa es hoy la vía escogida por el imperialismo.

La salida que se desprende de este cuadro es emanciparse del imperialismo, expropiar al gran capital, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero, desenvolver la revolución agraria expropiando la propiedad terrateniente, no pagar la deuda externa, estatizar la educación y la salud bajo la gestión de los trabajadores, imponer salarios al nivel de la canasta familiar, prohibir los despidos y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Esta salida no puede estar en manos de las expresiones políticas nacionalistas pequeño burguesas, burguesas o de colaboración de clases (frente popular), al estilo de Venezuela, Bolivia, Ecuador o el Brasil de Lula o Dilma Rousseff, que se han entregado al gran capital y han abierto ellas mismas salidas derechistas y represivas.

La necesidad imperiosa e inexcusable de dotar de una dirección socialista y revolucionaria a los trabajadores cuya estrategia sea la de luchar por la destrucción del Estado capitalista y la imposición de gobiernos obreros y campesinos en América Latina y por su unidad obrera y socialista nos exige la convocatoria a una segunda conferencia latinoamericana. La gran rebelión popular paraguaya es la evidencia más actual de esta necesidad, y expresa la continuidad de la tendencia general a luchar para dar fin a un régimen agotado por parte de los obreros y campesinos de América Latina.