Marco Mancini, número dos del Sismi (Inteligencia militar italiana), y el general Gustavo Pignero, otro funcionario de ese mismo servicio, han sido detenidos por el secuestro en Milán, en plena calle y a la luz del día, del ciudadano alemán de origen egipcio Hasan Mustafa Osama Nasr, residente legal en Italia. Esos arrestos ratifican lo que ya se había vuelto evidente: los vuelos “secretos” de la CIA no eran tales para la mayoría de los gobiernos de Europa, que colaboraban (colaboran) con el secuestro de personas en sus territorios a fin de trasladarlas clandestinamente a campos de concentración y tortura ubicados en Polonia, Rumania, Turquía, Egipto y varios otros países; algunos, como ya se dijo en Prensa Obrera, terminan en ese nuevo Auschwitz instalado por Washington en Guantánamo.

 

El senador suizo Dick Marty, autor de un informe que presentó al Consejo de Europa, no aportó demasiadas novedades (el secuestro de Nasr ocurrió en 2003 y fue profusamente denunciado) pero, sin embargo, provocó una crisis política de consecuencias impredecibles. En principio, ya renunció el primer ministro de Polonia, Kazimierz Marcinkiewicz, a quien sucederá el titular de su mismo partido —el derechista “Ley y Justicia”—, Jaroslaw Kaczynski, hermano del presidente de la República, en un intento de que la crisis política quede “en familia”.

 

Por qué el escándalo

 

Marty explica que él investigó con medios precarios pero, añade, “los gobiernos, si quisieran, podrían descubrir infinidad de casos” (El País, 28/6). En verdad, ni siquiera se hace necesario acudir a formas complejas de pensamiento: la lógica nos indica que la CIA no habría podido organizar semejante red delictiva sin el consentimiento y la colaboración de cada uno de los países en los que actuó.