Se trató de la movilización más importante ocurrida en la República Checa desde las manifestaciones contra la burocracia estalinista en 1989, en lo que puede ser tomado como un anticipo de posibles virajes políticos entre las masas checas. Lo que produjo la movilización fue el repudio a la corrupción probada del jefe del gobierno Andrej Babis, del partido conservador liberal ANO, que además es la segunda persona más rica del país y dueño del conglomerado Agrofert.

El primer ministro se encuentra acusado por la Unión Europea y la justicia de su país de haber protagonizando una situación de conflicto de intereses, utilizando en beneficio propio fondos comunitarios: la UE otorgó subsidios para estimular ciertos sectores económicos al gobierno checo y este los destinó a Agrofert.

Babis, como la mayoría de la clase capitalista y de los gobernantes de los países donde tuvo lugar el proceso de restauración capitalista, es un ex burócrata: fue miembro del servicio de seguridad secreto checoslovaco. Agrofert era parte de una empresa estatal de la que Babis era director, y que luego se apropió. En la actualidad, el gobierno cuenta con el apoyo parlamentario del partido comunista checo.

En la movilización se expresó un fuerte repudio a lo que se considera el prolegómeno del establecimiento de un ‘Babistán’ (New York Times, 4/6), es decir, de un régimen personal y de nepotismo. Se trata de una novedad política, ya que es un gobierno que se ha caracterizado por su política anti inmigratoria, en concordancia con otras formaciones políticas de Europa del Este, por lo que su derrumbe y la movilización popular podrían cuestionar al conjunto de estos regímenes.