El viernes 13, más de tres mil efectivos policiales desalojaron a los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Plaza de la Constitución (más conocida como el Zócalo), en la que éstos acampaban desde hacía tres semanas en rechazo a la reforma educativa. El operativo represivo incluyó el uso de tanquetas y helicópteros, y fue seguido de una cacería por el centro de la capital mexicana, que dejó como saldo decenas de heridos y detenidos. El motivo inmediato del desalojo fue garantizar la celebración de los festejos por el aniversario de la independencia de México, que se desarrollan en el Zócalo durante los días 15 y 16 de septiembre. Más de fondo, el gobierno ha recurrido al desalojo con la intención de detener un movimiento que lleva varios meses y que no se circunscribe a la capital. En Oaxaca, por ejemplo, los maestros también acamparon y realizaron cortes de rutas.

Como respuesta a la represión gubernamental, hubo una importante movilización de repudio el 17, a la que se sumaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y estudiantes de la universidad (Unam). Dos días antes, al "grito de independencia" de las celebraciones del gobierno, los maestros opusieron un "grito de la resistencia". Mientras el magisterio debate si regresa o no al Zócalo, algunos manifestantes continúan el acampe frente al Monumento a la Revolución.

Según denuncian los maestros mexicanos, la reforma (o contrarreforma) que promueve el gobierno apunta a una privatización de la educación básica y a la flexibilización laboral. Se inscribe dentro de un paquete de medidas reaccionarias conocido como Pacto por México, suscripto por el PRI, PAN y PRD, que incluye la liquidación de Pemex, la petrolera estatal.