La reciente derrota electoral del partido oficial en México, el PRI, no se limitó a la capital federal del país, donde obtuvo menos del 20 por ciento de los votos en contraste con los del opositor centroizquierdista, el PRD, que superó el 40 por ciento. El PRI perdió también en varios estados, especialmente en los más industrializados del norte y en los más próximos a la capital. Como consecuencia de esto, el partido del gobierno se quedó sin la mayoría en la cámara de diputados y sin los dos tercios en el senado, que son necesarios para insistir en la sanción de las leyes.

Acostumbrado a ‘recoger’, mediante el fraude, entre el 60 y el 80 por ciento de los votos a nivel nacional, el PRI se tuvo que conformar esta vez con el 38 por ciento, e incluso esto lo logró gracias al fraude en los atrasados estados del sur. En la votación por lista, el PRI consiguió 159 bancas sobre las trescientas en disputa, pero en la votación uninominal, o sea de candidatos individuales en los distritos, sólo pudo consagrar a 55 representantes sobre un total de 200.

Para los observadores políticos dedicados a subrayar el avance de la democracia en cualquier lugar que se trate, este resultado electoral vendría a significar el triunfo de la‘reforma política’ largamente impulsada por Estados Unidos, para atenuar el régimen de partido único que existe en México. Sin embargo, si se considera el derrumbe social que han sufrido las grandes masas luego de la crisis financiera de 1994, y si se considera la ola de delitos y de crímenes que ha envuelto al partido gobernante y a su ex presidente, Salinas de Gortari, el resultado electoral es una versión atenuada e inocua del derrumbe político del Estado en México y del sacudimiento de sus estructuras sociales. Un país que tiene parte importante de su economía y del comercio controlado por el narcotráfico y que conoce, por otro lado, varias insurgencias guerrilleras y campesinas, no puede jactarse de vivir precisamente un proceso de reformas.

Los partidos opositores que arrebataron parte del botín del PRI, el centroizquierdista PRD y el derechista PAN, carecen de estructura y arraigo para poder sustituir con eficacia al aparato omnipresente del partido oficial. Cada fase de debilitamiento del régimen priísta constituye, al mismo tiempo, un paso más en la vía del vacío de poder. La gran burguesía mexicana depende de los subsidios y prebendas del Estado priísta para su más elemental sobrevivencia. La penetración económica del imperialismo ha agudizado, a su vez, los desniveles de desarrollo de México, agregando a su crisis social una verdadera polarización regional. La creciente polarización social, por otro lado, impide que los tres partidos oficiales se puedan entender en el marco de un ‘acuerdo nacional’, a pesar de la extrema dependencia del PAN y del PRD respecto al capital mexicano y a los grandes pulpos financieros norteamericanos.

La interpretación de los resultados electorales en México como un proceso de reforma política, presenta una visión idílica de una situación que es por todos lados catastrófica. Ni el ritmo de la crisis económica, ni la realidad de México, autorizan semejante versión.