Las recientes elecciones mexicanas arrojan que el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) logrará conservar -pese a un pequeño retroceso en bancas- una mayoría propia en la Cámara de Diputados en alianza con el Partido Verde, así como cuatro de las nueve gobernaciones en juego. Junto al Partido de Acción Nacional (PAN), segunda bancada, dispone de una mayoría calificada para efectuar reformas constitucionales.

En cambio, el tercero de los partidos del Pacto de México, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), se derrumbó política y electoralmente. Precedido por la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas y otros líderes históricos, la fuerza centroizquierdista perdió decenas de bancas y la gobernación de Guerrero, el estado donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas. Los compromisos con el PRI y el PAN en la privatización del petróleo y otras reformas antipopulares, así como el involucramiento de sus dirigentes en el secuestro de los normalistas, lo llevaron a su peor elección desde 1991.

La debacle del PRD es capitalizada por el Morena, desprendimiento perredista encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que debuta como cuarta fuerza política nacional, gana en la capital mexicana y se beneficia con un traspaso casi matemático de bancas desde el PRD. En esta reconfiguración del mapa centroizquierdista se añade el triunfo aplastante de Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) con más del 50% de los votos en la alcaldía de Guadalajara, 25 puntos encima del PRI -que también resultó golpeado en la capital. El otro fenómeno destacado fue el triunfo en Nueva León y el buen desempeño en Jalisco de “candidaturas independientes”, que habrían expresado en estos lugares un repudio a la corrupción política. La abstención superó el 50% en todo el país y para algunos constituye el registro más alto de la historia mexicana.

Boicot

El movimiento surgido de las desapariciones de Ayotzinapa desarrolló un boicot activo contra la “farsa electoral”. Para enfrentarlo, el gobierno militarizó los comicios: desplegó 40 mil militares, marinos y policías federales, principalmente en el sur del país.

En los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, el boicot electoral (bajo las consignas de aparición con vida de los estudiantes desaparecidos y contra la reforma educativa) incluyó quema de propaganda electoral y escraches a candidatos; toma de radios, aeropuertos, estaciones de servicio y sedes del Instituto Nacional Electoral; quema e impedimento de instalación de urnas; y piquetes en accesos a algunas importantes ciudades. En el caso de Chiapas, “los maestros vaciaron (camionetas) y repartieron (entre la población) productos de Coca-Cola y Bimbo, entre otras empresas” (Proceso, 3/6). La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desarrolló varios días de huelga. El movimiento boicotista expresa la maduración política de un sector del movimiento popular y de los familiares de desaparecidos que no transige con los partidos responsables del narcoestado, pero revela también un fuerte límite a la hora de formular un programa político revolucionario para disputar franjas de masas.

Un bloque compacto del imperialismo, la clase capitalista y la burocracia sindical permitió a Peña Nieto capear la crisis abierta por las desapariciones de Ayotzinapa y triunfar electoralmente. Pero la recesión económica, la descomposición del aparato estatal y el malestar popular le aseguran un final de sexenio social y políticamente turbulento.