24/02/1994 | 412

México: entre la “salida democrática” y la masacre anunciada

En las vísperas del inicio de las “negociaciones de paz” entre el EZLN y el gobierno mexicano, miles de campesinos ocuparon las alcaldías de una docena de ciudades de Chiapas durante toda una semana, en reclamo de la destitución de los alcaldes y de elecciones libres. A pocas horas de iniciada la toma de las alcaldías, la comandancia del EZLN llamó a destituir a todos los alcaldes de Chiapas y a elegir democráticamente los consejos municipales.  Las ocupaciones pusieron en evidencia que “los grupos campesinos no violentos que el gobierno esperaba oponer contra los zapatistas, en cambio, han resultado estar más y más firmemente del lado de los insurgentes” (New York Times, 10/2).


El reclamo de la destitución de los alcaldes —hasta hoy designados por el gobierno central— y de las elecciones libres en Chiapas toca uno de los puntos que se prevén neurálgicos en las “negociaciones”. Pero una “democratización”  que no toque la base social del poder de los “caciques” —el monopolio de la tierra— será, por así decirlo, puramente epidérmica.  Las ocupaciones de tierras que se han producido parecen ser un movimiento restringido y, por ahora, controlado.


“Salida democrática”


La “democratización de Chiapas”, incluida la elección de los alcaldes, es una de las “salidas” al levantamiento campesino que plantea el propio imperialismo. Pocos días después de la insurrección de Año Nuevo, The Wall Street Journal (21/1) editorializaba: “Si los miembros de los concejos municipales en Chiapas fueran elegidos por el pueblo en lugar de ser nominados por el gobierno central y los caciques locales, los campesinos podrían seleccionar los métodos que mejor sirvan para enfrentar su desesperada condición de privaciones económicas e injusticia social. Esta reforma democrática de abajo hacia arriba y de los márgenes hacia el centro no es una utopía: todo lo que requiere es respeto por el voto a todo nivel”.


Las consignas de “elecciones libres” y “reformas democráticas” convocan, entonces a un grupo muy contradictorio de sectores y esto explica la catarata de “elogios” que los guerrilleros han recibido de todos los medios de prensa.


Un ejemplo de esto, aunque no el único, es Octavio Paz, premio Nobel de literatura y proimperialista hasta la médula. Después de haber escrito en las primeras horas del levantamiento que “somos testigos de una recaída en ideas y actitudes que creíamos enterrados bajo los escombros —cemento, hierro y sangre— del Muro de Berlín” (La Nación, 27/1), Paz da un giro de 180 grados para descubrir que “las demandas de las comunidades (indígenas) me parecen, en lo esencial, legítimas. Hay que satisfacerlas” (La Nación, 18/2). Más aún, Paz encuentra que “esas demandas se inscriben dentro de las coordenadas políticas, jurídicas y sociales del México moderno”. La misma  caracterización hace  el proimperialista Carlos Fuentes: la rebelión campesina —dice— “nos habla a todos con un sentido incluyente de la modernidad” (Clarín, 20/2). Y para The Wall Street Journal, (11/2): “Si el imperio de la ley —y no la voluntad arbitraria de los caciques— llegarán finalmente a Chiapas, ello ocurrirá como parte del mismo proceso de modernización que está acrecentando los derechos individuales en todo México”.


Para Paz, Fuentes o The Wall Street Journal, la “reforma política” debe ser el medio que resuelva la cuestión de la tierra, y no al revés. Esto permitirá, de un lado, enfrentar las ocupaciones de tierra recurriendo a las consignas y frentes democráticos, y, del otro, reformar el sistema agrario para permitir el desplazamiento de los terratenientes por las corporaciones capitalistas. Sólo en el Estado de Chiapas, según la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas) los latifundistas —ya sea bajo su propiedad directa o la de testaferros— poseen más de un millón de hectáreas (Brecha, 18/2). El ya citado editorialista de The Wall Street Journal (11/2)  señala  que “el principal obstáculo (a la “reforma política” y, en definitiva, a la “modernización”) … es el destructivo rol de los caciques y su íntima relación de vieja data con el partido gobernante”, y reconoce que aunque “los indios pueden perder algunas de sus tradiciones comunales (¡los éjidos!) … sus derechos como ciudadanos mexicanos deben ser protegidos …”. Está claro que cuando el editorialista  se refiere a “derechos” no está pensando en los campesinos sino en los derechos de los monopolios extranjeros.


Con elecciones para que los “gobernantes locales (sean) responsables ante las voces de Chiapas” (Carlos Fuentes), los proimperialistas pretenden una “reforma agraria” estrictamente negociada, en el cuadro de los “acuerdos de paz”, que abra —en el marco del Nafta— el camino  a la propia penetración imperialista bajo la forma de créditos, “asistencia”, etc. Brecha (18/2) deja entrever cuál podría ser una de las vías de esta “reforma agraria”: “en muchos de los latifundistas existe la casi certidumbre de que para salir del problema, el gobierno de Salinas está preparando el terreno para comprar los terrenos a bajo precio, a modo de indemnización de los terratenientes”.


Semejante perspectiva dista mucho de ser idílica. Plantea choques de enormes proporciones, y no sólo entre los latifundistas y los campesinos, sino que acrecentará la diferenciación social en el seno del propio campesinado.


Contra la democracia


Mientras la rebelión campesina se extendía en Chiapas, los campesinos de Soconusco —zona eminentemente cafetalera— ocupaban las oficinas de la banca privada de la región para exigir la refinanciación de sus carteras vencidas, las movilizaciones populares en apoyo del levantamiento se sucedían en todo el país y “diferentes organizaciones civiles de (los Estados de) Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Vera Cruz, Puebla y Tabasco lanzaron mensajes muy claros de solidaridad con las reivindicaciones del EZLN” (La Nación, 15/2). Pero cuando “el gobierno mexicano temía que la agitación se extienda a todo el país” (ídem),  obtuvo un sólido apoyo político de los partidos de oposición.


Los tres principales candidatos presidenciales —Luis Colosio, del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, del centroizquierdista PRD y Diego Fernández de Cevallos, del derechista Partido de Acción Nacional— y un grupo de intelectuales y personalidades —entre ellos el ya citado Carlos Fuentes— firmaron un “pacto democrático” que, dicen, garantizaría la “limpieza” de las próximas elecciones. El acuerdo entre los candidatos establece que un acceso igual de todos los candidatos a la radio y la TV, la prohibición de utilizar fondos públicos en la campaña, la confección de un padrón “confiable” (sic) y la designación de autoridades electorales independientes. Según el Financial Times (29/1), “el PRI ha hecho sustanciales concesiones … en los papeles”, porque no establece compromiso alguno del Estado o del gobierno; es una simple “declaración de principios” de los candidatos.


¿Bastará con que los candidatos tengan el mismo acceso a la TV para que las elecciones, previstas para agosto, dejen de ser fraudulentas? Ciertamente, no. El “acuerdo democrático” es una descomunal trampa contra el pueblo mexicano. Constituye una caución al fraude electoral, y es un apoyo, por anticipado, al próximo gobierno: “Por primera vez, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha a-ceptado el sistema electoral como legítimo …” (Financial Times, 29/1).


En este terreno, ni los oficialistas ni sus “opositores” se apartan de la línea fundamental trazada por el imperialismo. “Quizás la mejor fórmula —editorializó The Wall Street Journal (21/1)— sea un acuerdo nacional firmado por todos los partidos y sus candidatos. El PRI no necesariamente deba abandonar el poder. Sin embargo, por primera vez en su historia, debe considerar esta posibilidad y permitir a cuerpos electorales independientes e imparciales tener la palabra final acerca de los comicios”.


Como todo “acuerdo democrático”, el mexicano puede servir, también, para encubrir la preparación de una nueva masacre. El subcomandante Marcos, del EZLN, ha denunciado que el ejército mexicano está aprovechando el cese el fuego para avanzar sigilosamente sus posiciones, estrechar el cerco  a la guerrilla y realizar tareas de “inteligencia” entre la población civil. “El ejército —relata el corresponsal de Brecha (18/2) en México— siguió mandando tropas a las zonas en conflicto … Batallones de infantería completos, con provisiones y sus respectivos vehículos … Los indígenas de Las Margaritas dicen que los retenes militares avanzan casi sin que se note, ganando terreno a los zapatistas (que) se han retirado a la selva”. El propio Octavo Paz sostiene que importantes sectores del ejército y el gobierno apuestan a “un golpe de suerte” que les permita aniquilar a los zapatistas, algo que sería “suicida” porque “el uso de la fuerza engendraría desórdenes y luchas que, no exagero, llegarían a poner en peligro la integridad del país … (y) el vacilante edificio del sistema político que nos rige” (La Nación, 18/2).


La insurrección campesina de Chiapas expuso a los ojos del mundo la fractura del Estado mexicano y la oposición irreconciliable entre el régimen político y las reivindicaciones elementales de millones de campesinos. El gobierno y el propio imperialismo están a la defensiva; pero se valen de las limitaciones  de la dirección política democratizante de los campesinos para dictar “su salida”  política o militar, a la crisis.

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