México es un volcán

Masacres, movilización y crisis política


La salvaje represión contra los campesinos de Atenco del pasado 4 de mayo —un joven asesinado, cientos de detenidos, una treintena de detenidas violadas durante su traslado a prisión, palizas brutales contra manifestantes inermes, ingreso ilegal a cientos de viviendas, con robos y destrucción— ha desatado una crisis política en México.


 


La masacre fue cuidadosamente armada (con toda probabilidad, desde la presidencia Fox y su círculo más estrecho). Ante la avalancha de pruebas y evidencias, el gobierno solamente admitió que hubo “excesos”.


 


Los campesinos de Atenco, hace algunos años, habían derrotado el intento de Fox de expropiar sus tierras para construir un aeropuerto.


 


Masacre y campaña electoral


 


Varios comentaristas han señalado que la masacre de Atenco forma parte de la “campaña de miedo” lanzada por Fox para sostener al candidato de su partido, Felipe Hinojosa, en las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 2 de julio. Frente al “candidato del caos”, por el centroizquierdista Andrés López Obrador (PRD), el oficialista se presenta como “el candidato del orden”.


 


La “campaña sucia” puso a Obrador a la defensiva. El centroizquierdista salió por todos los medios a decir que “no tenía nada que ver” con la resistencia de los campesinos. En realidad, sí tiene que ver. El inicio de la crisis que terminó con la masacre fue la negativa del gobierno municipal de Texcoco, gobernado por el PRD, a otorgar a los campesinos un espacio público para la venta de sus productos. El PRD no quería aparecer “cediendo” ante los “macheteros de Atenco”.


 


El pasado 20 de abril se produjo la masacre de los mineros de Sicartsa, siderúrgica ubicada en el estado de Michoacán. En el intento de desalojo de la planta fueron asesinados dos trabajadores. Los mineros se encontraban en huelga contra el desplazamiento de la dirección de su sindicato por parte del gobierno. Su secretario general, Napoleón Gómez Urrutía, fue “desconocido” por el gobierno después de denunciar la responsabilidad estatal en la masacre de Pasta de las Conchas, donde 65 mineros murieron en un accidente industrial.


 


Varios medios han señalado que puede repetirse, en las próximas elecciones, lo ocurrido en 1988, cuando al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, le robaron la elección. En las elecciones mexicanas hay mucho en juego. En primer lugar, el destino de Pemex, la petrolera estatal, que se encuentra financieramente ahogada; los pulpos petroleros norteamericanos vienen reclamando hace rato su privatización. Los medios afines al gobierno acusan a López Obrador de ser un virtual “agente de Chávez”. La llegada de un eventual aliado de Chávez al gobierno mexicano sería un golpe directo a Bush, cuando está ordenando la militarización de la frontera con México; según denuncia La Jornada (15/5), se prepara la instalación de destacamentos y tropas norteamericanas en el propio territorio mexicano. Los yanquis temen que un centroizquierdista en el gobierno mexicano sea un factor de desarrollo de los inmigrantes mexicanos en los propios Estados Unidos.


 


Movilización


 


La represión y el “miedo” no han logrado hacer retroceder la movilización popular, al contrario.


 


Las manifestaciones y cortes de ruta al ingreso del Distrito Federal, para reclamar la inmediata liberación de todos los presos y el castigo de los responsables de la masacre de Atenco son cotidianas, y con la participación de miles de estudiantes y campesinos. En una asamblea nacional realizada en el auditorio ejidal “Emiliano Zapata”, más de 250 representantes de 20 organizaciones votaron un plan de movilización, con marchas y paros, por la libertad de los presos. Desde los medios afines al gobierno se reclama “desalojar los bloqueos”.


 


Al mismo tiempo, el conflicto minero se agrava. La planta de Michoacán sigue en huelga, ocupada por sus trabajadores, al igual que otras minas y plantas siderúrgicas. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, reveló que “se nos ha conminado a que hagamos uso de la violencia” para desalojar a los trabajadores de la mina San Martín, municipio de Sombrerete” (La Jornada, 13/5); ante la negativa de la gobernadora, el propietario de la mina, el grupo México, anunció su cierre. La misma patronal le reclamó al gobierno de Sonora que desaloje la mina de La Caridad, también ocupada por los trabajadores. Mientras continúan las provocaciones oficiales y patronales, el 34° Congreso del sindicato minero acaba de ratificar a Gómez Urrutía como secretario general.


 


México es un volcán.