Por aclamación, una muy numerosa y combativa asamblea del sindicato municipal de Montevideo (Adeom), con más de 4.000 trabajadores, resolvió el viernes 25 continuar la huelga general por tiempo indeterminado que había comenzado el día anterior.

En sus primeras jornadas, la huelga fue masiva y “decenas de locales municipales, incluyendo las tres usinas, los servicios de Alumbrado y Saneamiento y los Centros Comunales Zonales (CCZ) están ocupados desde el jueves” (La República, 26/10). Los piquetes – en los que participaron cientos de trabajadores – cumplen un papel descollante en el éxito de la huelga, en particular el que se instaló frente al palacio municipal para impedir el ingreso de los funcionarios jerárquicos.

La masividad y contundencia de la huelga se basa en la simpleza de su reclamo: los municipales exigen que el gobierno frenteamplista de Montevideo cumpla con el convenio colectivo firmado, que establece el ajuste de los salarios por la inflación.

El intendente Arana se niega a cumplir con el contrato colectivo y pretende imponer, por la vía de la fuerza, una rebaja de salarios. El gobierno frenteamplista de Montevideo es la vanguardia de los explotadores uruguayos contra la clase obrera; es la fuerza de choque de las patronales. Si el gobierno del FA logra hacer pasar el desconocimiento de los convenios – y, por lo tanto, de los propios sindicatos, cuya razón de ser es la negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo – las patronales uruguayas habrán ganado una batalla decisiva: el “ejemplo” de Montevideo se extenderá rápidamente por todo el país. Por esta razón, Arana cuenta con el respaldo incondicional de la burguesía, expresado en la campaña de la prensa contra los “privilegios” de los municipales y la “violencia” de los piquetes. Este es el alcance estratégico de la batalla que están librando los municipales de Montevideo contra el gobierno frenteamplista.

Arana está determinado a quebrar la huelga y el convenio. Primero lo intentó por la vía “pacífica”: ofertó reconocer la deuda salarial de los meses pasados (20%) pero a condición de pagarla en “cómodas cuotas” y, por sobre todo, de que Adeom renuncie a posteriores ajustes salariales durante la vigencia del convenio. Como esta “oferta” fue rechazada, Arana se largó a quebrar la huelga por la fuerza. Anunció que recurrirá a la policía para impedir la acción de los piquetes y que los servicios de las empresas privadas de recolección de residuos (que recogen la basura en ciertos circuitos de Montevideo) serán extendidos a toda la ciudad.

Al término de la asamblea municipal, el secretario general del gremio anunció que “Adeom no va a permitir que le rompan la huelga. Nosotros ya hemos detectado que la IMM está contratando personal extramunicipal para hacer tareas de compañeros que están en huelga (…) No vamos a aceptar personal contratado para romper una huelga. Si la IMM contrata a alguien para hacer la tarea de los municipales, no estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de rompehuelgas” (ídem). La extensión de los servicios de recolección privada a toda la ciudad significará un enorme costo adicional para las finanzas municipales, lo que pone de manifiesto el objetivo político del gobierno municipal de quebrar la huelga. Entre los que están jugando a muerte para quebrar la huelga municipal se encuentra Benito Roggio, dueño de uno de los servicios privados de recolección. Como se ve, Roggio tiene buenos amigos en los intendentes “progresistas” de ambos lados del Río de la Plata.

La lucha de los municipales de Montevideo es una experiencia política excepcional, no sólo para los trabajadores municipales sino para toda la clase obrera uruguaya, porque desnuda el carácter de clase de la coalición “opositora”: el Frente Amplio gobierna Montevideo con rompehuelgas, la policía y los pulpos privatizadores contra los trabajadores.