La Fiscalía nacional de Nicaragua citó a seis de las nueve responsables de Red de Mujeres contra la Violencia. La Red fue denunciada por la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), que preside el obispo Abelardo Mata, “por apología del delito, asociación ilícita para delinquir, encubrimiento de violación e instigación para cometer aborto”. Todas las acusaciones remiten al caso “Rosita”, una nena nicaragüense de 9 años que vivía en Costa Rica y fue violada por su padrastro. La Red ayudó a repatriarla porque la ley costarricense no autorizaba el aborto. En 2003, ante una primera denuncia, la Fiscalía determinó que no hubo delito porque se le practicó un aborto terapéutico, respaldado por las leyes, para salvarle la vida. El dictamen fue avalado por la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, el Ministerio de la Familia anunció que estudia la posibilidad de procesar también a la mamá de “Rosita”.

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) señaló que “el fin de deslegitimar y desacreditar la lucha de las mujeres organizadas, pues viene de parte de las jerarquías religiosas en contubernio con el gobierno" (EFE, 25/11). También acusó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, de “estar detrás de este acto de persecución y venganza política”. El Movimiento de Mujeres respaldó desde 1997 las denuncias de la hijastra de Daniel Ortega, que lo acusa de haberla violado y mantenido prácticamente secuestrada desde niña, con la complicidad de su madre.

Un pronunciamiento del MAM afirma: “Somos nosotras las que acusamos de abusador al Presidente de la República y por complicidad a doña Rosario Murillo”. Y recuerda que el gobierno “ha mandado a matar y morir (a la mujer) a partir de la prohibición del aborto terapéutico sin escrúpulos ni moral”. También señala “la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya que ha pesar de los recursos por inconstitucionalidad introducidos desde enero de este año, no se han pronunciado, demostrando con su silencio el pacto del estado entre cúpulas partidarias y religiosas contra la vida de las mujeres” (AP, 27/11)

El nuevo Código Penal nicaragüense —con el voto del sandinismo y la derecha- derogó definitivamente la ley del aborto terapéutico, que regía desde 1893 y había sido “suspendida” en 2006. En estos pocos meses, se disparó la muerte materna. “Fuentes oficiales indicaron que fallecen 90 mujeres por cada 100 mil nacimientos vivos cuando hace dos años era la mitad” (www.publico.es, 14/11). El Código castiga con penas de hasta tres años a la mujer y a quien la ayude a interrumpir el embarazo, incluso ante riesgo de muerte.