Solamente en forma parcial y movilizando enormes contingentes militares, ha logrado el gobierno boliviano debilitar la marcha de campesinos cocaleros a La Paz. Los trabajadores reclaman por el incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado, que preveían una solución a la carestía del agua (estatización del pulpo francés), la anulación de la ley agraria y la defensa del cultivo de la coca. La ausencia de la Confederación Campesina que encabeza Felipe Quispe restó fuerza a la movilización, pero no ha logrado detener su curso. Ha habido amotinamientos populares en Yacuiba y en Oruro; se anuncia una huelga general en Cochabamba; la huelga del transporte del pasado lunes ha sido total.

Bolivia se encuentra en una recesión económica que, al igual que la de la Argentina, es consecuencia de la devaluación del real brasileño. Pero la desocupación y la pobreza son incomparablemente mayores. El gobierno de Banzer continúa alegremente rematando las reservas gasíferas y petroleras de Bolivia, lo que ha provocado choques en la clique explotadora del país. La crisis política en las alturas se profundiza; el MNR pide la renuncia de Banzer, cuando faltan veinte meses para las elecciones.

El movimiento popular no tiene objetivos estratégicos. Evo Morales, dirigente de los cocaleros, plantea la convocatoria de una Constituyente; Quispe hace un planteo indigenista que consiste en abandonar la democracia formal y establecer un poder político sobre la base de las costumbres de gobierno aymarás. Claramente, se nota la falta del proletariado como factor dirigente, algo que fue característico de Bolivia en el medio siglo posterior a los finales de la década del ‘30. De cualquier manera, aún no han entrado plenamente en la lucha los fabriles o mineros, mucho menos los petroleros, ni el grueso de las poblaciones urbanas.