OFENSIVA ANTIOBRERA EN ESPAÑA

La reforma laboral de Zapatero

El miércoles 16 de junio, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por decreto una reforma laboral tras meses de cabildeos entre sindicatos y empresarios. El contenido fundamental de la reforma es la reducción de indemnizaciones por despido. Además, se ha abierto la puerta al descuelgue de las empresas del convenio colectivo y la posibilidad de un laudo por mediación “voluntaria”.

El decreto, sin embargo, será tramitado como ley en el Congreso. El gobierno ha pactado esta opción con diversas formaciones políticas y ha obtenido de entrada el consentimiento del nacionalismo catalán más conservador, Convergencia i Unio (CiU). El pacto está destinado a evitar el bochorno de pasar el decreto por un voto (169 a 168) gracias a la abstención de Coalición Canaria i CiU, tal como ocurrió con el “paquete anticrisis” –reducción de salarios públicos, congelamiento de pensiones, reducción de inversiones públicas- aprobado en mayo. Esta vez, las formaciones políticas aprobarán el decreto y lo “mejorarán” en su trámite de ley, para acercarlo más a las aspiraciones de la patronal y las grandes empresas del país.

La respuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras ha sido convocar una huelga general nacional “posdatada” para “después de las vacaciones”, el 29 de septiembre.

Según El País, la nimiedad se explica como parte de una reforma pactada de hecho entre la burocracia sindical y el gobierno. El contubernio para salvar al gobierno cuenta con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que también salió a apoyar a Rodríguez Zapatero, afirmando que las decisiones del Ejecutivo “estaban en el buen camino”.

Los sindicatos UGT y CCOO afirman ‘off the record’ que el presunto fracaso de la reciente huelga de la administración pública que tuvo un muy bajo seguimiento es lo que lo ha hecho retrasar la medida de la huelga general. Pero lo cierto es que el fracaso de la huelga del sector público tuvo que ver, de un lado, con la baja agitación entre el funcionariado por parte de estos sindicatos, pero del otro, por la negativa a coordinarla y extenderla en los sectores de los transportes municipales y estatales en cada región.

Entretanto, los sindicatos nacionalistas vascos, ELA-STV y LAB, han convocado a una huelga general contra la reforma laboral en el País Vasco el 29 de junio, calificada como “divisionista” por CCOO y UGT, quienes afirman que para el nacionalismo vasco de lo que se trata es de no coincidir con el resto de España. Por supuesto que estos últimos tampoco se han planteado la posibilidad de una convergencia con el nacionalismo, con lo cual la jornada del 29 de junio no contará con el apoyo de UGT y CCOO y la del 29 de septiembre no contará con el apoyo de ELA-STV. Ambos –cada cual a su manera– trabajan en contra de la unidad de acción del movimiento obrero a escala nacional.

Mientras las agresiones contra las condiciones de trabajo y los ingresos de los españoles asalariados puestas en marcha por el gobierno socialista no tienen precedentes en este país, la falta de una alternativa de clase independiente de la burocracia y la burguesía impide que la defensa de los intereses de los trabajadores se centralice y concentre en objetivos inmediatos y claros. Sin embargo, la apuesta burocrática de limitar la respuesta de los trabajadores puede encontrarse con un desborde social y con una irrefrenable crisis dentro de las organizaciones sindicales.

La labor de debatir una alternativa obrera a la crisis en España y los métodos de lucha para llevarla adelante es un objetivo impostergable.