Ollanta Humala ata su suerte a las mineras

Ollanta Húmala emprendió una cruzada derechista contra las luchas ambientalistas que sacuden Perú. Luego de declarar el estado de emergencia en cuatro provincias de la región de Cajamarca, eliminando la libertad de reunión, de tránsito, permitiendo la intervención de las fuerzas armadas para reprimir las protestas y deteniendo a los dirigentes de la protesta por la policía antiterrorista sin orden judicial, el gobierno procedió a realizar un cambio de su gabinete, colocando en las áreas más sensibles a militares. El nuevo gabinete será presidido por Oscar Valdés, teniente coronel retirado del Ejército que se desempeñaba como ministro del Interior.

Los sectores empresariales saludaron inmediatamente el cambio, junto con los legisladores del partido del ex presidente Alberto Fujimori. El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Humberto Speziani, dijo que el gabinete liderado por Valdés “es el cambio que necesita el país: menos político y mejor gestión, más eficiencia”. El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias, opinó que “el presidente Ollanta Húmala ha dado señales claras de que el gobierno está comprometido con la continuidad del modelo macroeconómico y el respeto al principio de autoridad”.

El ex presidente peruano Alejandro Toledo, aliado de Húmala en la segunda vuelta electoral, se alejó del gobierno denunciando el cambio de gabinete como “una suerte de militarización de la administración”

La designación de Valdés representa un mensaje de endurecimiento frente a conflictos sociales. Fue el propio Húmala quién atacó a los dirigentes ambientalistas tildándolos de “terroristas” y denunciando él pasado de alguno de ellos en el Movimiento Revolucionario Túpac Amara (MRTA), y llamó a poner “mano dura, pero todos, no sólo la Policía Nacional” contra aquellos “traidores a la Patria”.

Las protestas, que tienen su centro en la norteña región de Cajamarca, en rechazo a un millonario proyecto minero que afectará el medio ambiente y las tierras campesinas, se dan, por la misma razón, en todo el país. Cusco, Moquegua y Tacna, tienen conflictos ambientales. En Arequipa no se descarta una medida de fuerza para oponerse al proyecto Majes Siguas II. Canchis rechaza la construcción de la central hidroeléctrica de Salcca Pucara, ante el temor que su funcionamiento deje sin agua a los poblados adyacentes. En Chumbivilcas, las organizaciones de base exigen a las mineras Anabi (en explotación) Ares y Azuca (en exploración) que se retiren de la zona por temor a la contaminación del agua.

Sólo en las últimas semanas, unos mil campesinos tomaron posesión de los alrededores de la laguna Los Angeles, en Santiago de Chuco, que forma parte de la concesión de la empresa minera Barrick, ingresando al predio de la minera para sembrar 3 mil árboles y, de esta manera, reafirmar la pertenencia de sus tierras. Dos ingenieros de la empresa minera Trinity Perú SAC -de capitales canadienses- fueron tomados como rehenes, durante más de seis horas, por cerca de 1.500 campesinos del centro poblado de Chota, obligando a los directivos de la minera a firmar un acta en la que comprometen a la empresa a no reiniciar sus labores en esa zona, ante el temor que las actividades mineras contaminen el agua de dicha localidad. En el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Sánchez Camón, se ha convocado a un paro en contra de la minera Barrick que contamina las tres lagunas de la zona.

La forma en que se resuelva el conflicto del Conga tendrá, por tanto, consecuencias de gran alcance. La militarización del gabinete y el ataque a las luchas ambientales busca quebrar la resistencia a un avance en la entrega del suelo a las mineras.

El peso de la minería en el PBI se ha triplicado: en 1994 representaba el 4,6% de la producción nacional, mientras en 2007 subió a un 14,4%. El Banco de Crédito del Perú estimó que el 58% de los proyectos de inversión en el Perú para el 2011-2013 corresponde al sector de minería e hidrocarburos, que abarcó el 61% del total de exportaciones por producto de 2010. Perú es el sexto mayor productor de oro y el segundo mayor productor de plata, cobre y zinc.

Unos 42 millones de dólares en inversiones están amenazados por las movilizaciones populares contra la depredación ambiental.

Húmala ha atado al negocio minero un ambicioso programa social sustentado en impuestos irrisorios a la producción de la minería. Sin embargo, el Estado peruano es demasiado débil como para garantizar su cumplimiento. El Ministerio de medio ambiente no tiene poder para cobrar dichos impuestos a las mineras y en muchas de las regiones donde se desarrollan los proyectos, el gobierno se encuentra totalmente ausente.

En medio de una crisis política creciente, el gobierno de Húmala ata su suerte a las de las mineras, contra la movilización popular.