La aprobación, la semana pa­sada, de una “ley de tierras”, ha significado una derrota para el movimiento campesino boliviano y para la clase obrera.

La ley promueve la formación de un ‘mercado de tierras´ al autorizar su compra-venta y al establecer un sistema de impues­tos que obligará a amplios secto­res campesinos a desprenderse de sus pequeñas propiedades.

Uno de los ministros declaró, precisamente, que “con la ley nace la agroindustria boli­viana” (Presencia, 8/10). La Confederación Agraria Nacional -que agrupa a los grandes lati­fundistas- fue más directa cuan­do afirmó que “el Estado debe readecuar la participación de los indígenas y campesi­nos de una economía de sub­sistencia a una economía productiva, para lo cual es necesaria (la) incorporación (de sus tierras al6mercadar)… ” (Reproducido por Trinchera Revolucionaria, n° 108).

La ley extiende el impuesto sobre la propiedad agraria a los campesinos, del que hasta ahora estaban exentos. Autoriza al go­bierno a donar gratuitamente o a adjudicar mediante subastas las tierras ‘revertidas9, es decir, las que vuelvan al Estado por no acreditarse la legítima propie­dad.

Para la Confederación Agra­ria de Oriente (CAO), que agrupa al poderoso lobby latifundista de Santa Cruz, la ley “debe trans­formar las condiciones de producción” para permitir que

“Bolivia entre a los mercados internacionales altamente competitivos” (Presencia, 6/ 10). Gomo denuncia Juan Pablo Bacherer, dirigente de la Oposi­ción Trotskista del POR, esto “obligará a los productores agroindustriales -que son en su mayoría latifundistas- a buscar capitales y tecnología afuera … tendrán que aso­ciarse con capitales extranje­ros (con lo que) la tierra pasará al poder de empresas extran­jeras” (Presencia, 6/10). Esto explica el decidido ‘apoyo9 del Banco Mundial, que financiará la realización del catastro nece­sario para que los campesinos comiencen a pagar impuestos. Al fin de cuentas, según denuncia el dirigente de la CÓB, Edgar Ra­mírez, la ley fue redactada por el Banco Interamericano de Desa­rrollo, junto con otras agencias financieras internacionales (Pre­sencia, 11/10).

Según los datos de la prensa, mientras medio millón de fami­lias campesinas posee apenas el 3,7% de la tierra cultivable, unas 40.000 empresas capitalistas y grandes terratenientes poseen el 96% restante. Además, mientras el 95% de las tierras campesinas están en explotación, apenas el 6% de las tierras de los latifun­distas están dedicadas a la pro­ducción; el resto se destina a la especulación (.Presencia, 6/10).

Por qué fueron derrotados los campesinos

Las organizaciones de cam­pesinos, colonos e indígenas des­enmascararon a la ‘mercantilización´como el equivalente de la expropiación y organizaron una gigantesca marcha “por la tierra” hacia La Paz.

Curiosamente, también los grandes productores ‘agroin­dustriales9 se opusieron a la ley… Apoyados por la Asociación de Bancos, objetaban la elevación del impuesto a la propiedad agra­ria y, sobre todo, que el incumpli­miento impositivo fuera motivo para la expropiación. Los ‘agroindustriales9 de Santa Cruz organizaron varios ‘paros cívicos’-virtuales ‘lock-outs´— e incluso, “algunos acaudala­dos empresarios cruceños” (Presencia, 11/10) se declararon… en ‘huelga de hambre´.

Los grandes propietarios se convirtieron, de hecho, en la ca­beza política del movimiento de oposición a la ley, imprimiendo su programa a la movilización. Esto salta a la vista cuando se observa que el programa campe­sino reivindicaba “una ley con­sensuada entre todos”, o sea, con el gobierno y los latifundis­tas. La hegemonía de los burgue­ses y de los latifundistas explica la victoria de un gobierno que, apenas pocos días antes, enfren­taba “a un frente opositor que incluye a los sindicatos obre­ros y campesinos, a los ban­queros, ganaderos, grandes agricultores y empresarios privados” (Río Negro, 3/10). En un acuerdo separado con los lati­fundistas, el gobierno redujo a la mitad los impuestos a la tierra, y dio “garantías de que sus in­versiones serán respetadas” (Presencia, 9/10), lo que significa que las tierras expropiadas se­rían subastadas y “no dotadas (gratuitamente, como estaba previsto antes) en beneficio de los campesinos e indígenas” (Presencia, 10/10);

Apenas obtuvieron sus rei­vindicaciones, los latifundistas descabezaron el movimiento. Los ‘paros cívicos9 desaparecieron y la oposición parlamentaria a la ley se disolvió por arte de magia. | Como consecuencia de la subor­dinación política de sus direccio­nes a los grandes latifundistas, las masas campesinas fueron utilizadas como ‘fuerza de cho­que9 de los grandes terratenien­tes … contra sus propios inte­reses.

Triste debut de una ‘nueva’ dirección

La lucha de los campesinos fue la primera oportunidad para medir la envergadura de la nue­va dirección de la COB, encabe­zada por ‘Huracán9 Ramírez (ver Prensa Obrera, n°513,5/10), y de su promocionada política de resistencia subversiva al mo­delo neoconservador9. Pero la nueva dirección de la COB no estuvo a la altura de las expecta­tivas que despertó su radicalis­mo verbal.

La burocracia adoptó el pro­grama de la *ley consensuada* y, en Santa Cruz, se sumó a los ‘paros cívicos´ de la gran burguesía. El “segundo plano”

(Presencia, 6/10) que la prensa le adjudica a la COB en la crisis política desatada alrededor de la ‘ley de tierras9, traduce su com­pleta falta de independencia polí­tica. En estas condiciones, el go­bierno logró que las organizacio­nes de indígenas aceptaran la ley, a cambio de la promesa de entregarles 60.000 títulos de pro­piedad sobre las tierras que ocu­pan actualmente.

De este modo, logró derrotar a la mayor movilización de los explotados del campo desde el ‘retorno de la democracia´, y una de las mayores de su histo­ria. Durante 30 días -y desde todos los puntos del país-, las organizaciones de los campesi­nos, los colonos y los indígenas marcharon hacia La Paz, a la que arribaron en número de 30.00Q. En la capital boliviana, durante once días y a pesar de la salvaje represión policial, los campesi­nos manifestaron diariamente contra la ley. Muchos otros per­manecieron en sus comunas, ma­nifestándose mediante el siste­mático corte de rutas. Como con­secuencia de la aprobación de la ley, y aunque sus dirigentes de­clararan que “los campesinos no se replegarán de La Paz” (Presencia, 7/10), la prensa infor­mó, al día siguiente, que “cien­tos de marchistas retomaron a sus comunidades” (Presencia,  8/10) y, 48 horas más tarde, que apenas quedaba el 20% de los marchistas en La Paz (Presencia, 10/10).

La COB (Central Obrera Bo­liviana), frente a su primera ac­ción de importancia desde que asumió la nueva dirección enca­bezada por ‘Huracán9 Ramírez, levantó sin pena ni gloria la ‘huelga indefinida9 que había declarado apenas tres días antes, que nunca se empeñó en hacer cumplir y que, con la excepción del magisterio y algunos otros núcleos aislados, tuvo escasa re­percusión.

La movilización campesina, dice Presencia (8/10), provocó una crisis política de mayor magnitud, incluso, que las lu­chas contra la ‘reforma educa­tiva9 (una durísima huelga do­cente que duró varias semanas) y contra las privatizaciones. A pe­sar de esto, los campesinos fueron derrotados. La responsabili­dad de esta nueva derrota debe cargarse por entero a la cuenta de la política democratizante de las direcciones de las organiza­ciones de las masas y a las ilusio­nes de los activistas en organiza­ciones *históricas9 de los traba­jadores.