Más de 20 campesinos sin tierra, entre los que se cuentan mujeres y niños, fueron asesinados por la Policía Militar en el amazónico estado de Pará; otros 60 fueron heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Varias decenas se encuentran ‘desaparecidos’ y se teme que hayan sido asesinados en plena selva. Todo esto según las propias cifras oficiales; los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST) denunciaron que el número de víctimas sería todavía mucho mayor. 

La matanza se produjo cuando una pacífica columna de 1.500 campesinos que se dirigía hacia la capital del estado con la intención de entrevistarse con el gobierno estadual y el instituto encargado de la ‘reforma agraria’, fue cercada por la Policía Militar. Los campesinos fueron fusilados en medio de la noche con ametralladoras y armas pesadas. Las evidencias y testimonios desmintieron inmediatamente la ‘historia oficial’, según la cual los policías habrían sido ‘agredidos’ por los sin tierra. Muchos cadáveres han sido destrozados por disparos realizados a corta distancia con armas de grueso calibre y, según la propia información oficial, al menos diez presentan disparos en la nuca o en la espalda efectuados a menos de un metro de distancia. Los muertos presentan un promedio de cuatro balas, algo que difícilmente  ocurra en un ‘enfrentamiento’. Varios testigos y sobrevivientes denunciaron que uno de los dirigentes regionales del MST fue acribillado por los policías después de haber sido detenido, esposado y apaleado. 

La masacre de Pará es la respuesta ‘oficial’ de los latifundistas a la creciente movilización de los ‘sin tierra’. En el mismo momento en que la Policía Militar asesinaba a los campesinos en Pará, se registraban en todo el país 967 ocupaciones y conflictos por la tierra, algunos de enorme magnitud, como la ocupación de una gran estancia (80.000 hectáreas) en Río Bonito de Iguazú por 7.500 colonos. Al amparo de la impunidad ‘democrática’, se sistematiza el asesinato indiscriminado de ocupantes de tierras —y la matanza selectiva de sus dirigentes y abogados— a manos de la Policía Militar y las ‘guardias blancas’ armadas por los latifundistas: en los últimos diez años han sido asesinados más de 1.000 campesinos, algunos en carnicerías tan resonantes como la ocurrida en agosto pasado en Rondonia. Ninguno de los responsables, instigadores o ejecutores de estas masacres ha sido sometido a juicio; mucho menos, condenado. Los dirigentes del MST denuncian que bajo la cobertura de la ‘democracia’ existe una planificada política  de exterminio de los sin tierra. 

El gobierno de Cardoso ha intentado ‘despegarse’ de la masacre pero su responsabilidad es evidente. Porque permitió que los masacradores actuaran impunemente una y otra vez y porque su publicitada ‘reforma agraria’ ha resultado ser un completo fracaso. Durante la campaña electoral, Cardoso prometió asentar a 40.000 familias por año; a ese ritmo, tardaría más de un siglo en asentar a las casi cinco millones de familias sin tierra. Pero Cardoso no ha cumplido ni siquiera con esa promesa miserable: en 1995 fueron asentadas apenas 5.000 familias… El propio presidente del Supremo Tribunal Federal, José Sepúlveda Pertence, debió reconocer que “al gobierno le falta voluntad para ejecutar una verdadera reforma agraria y para prevenir las violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad” (Clarín, 21/4). 

El motivo de la ‘falta de voluntad’ oficial obedece a que los gobiernos estaduales y los de los municipios rurales son dependencias directas de los latifundistas, que ejercen un poder de veto en la designación de gobernadores, alcaldes, jueces, diputados y jefes policiales; la bancada ‘ruralista’ cuenta con más de 150 diputados y el propio Ministerio de Agricultura federal está en sus manos. Cardoso gobierna en alianza con el derechista y ‘ruralista’ PFL. 

Las 180 millones de hectáreas que, según el MST, podrían expropiarse de las 400 millones de hectáreas cultivables, bastarían para resolver la cuestión de los sin tierra. Los recursos necesarios para hacerlo son insignificantes: según el propio Banco Mundial, bastaría con una suma equivalente al 0,7% del PBI para acabar con la marginalidad de 17 millones de campesinos sin tierra y ‘favelados’  (habitantes de las ‘villas miseria’) (Folha de Sao Paulo, 21/4). Las limitaciones que enfrenta Cardoso no son de fondos sino de clase: acaba de gastar el triple de esa suma en el rescate a sus bancos…

La masacre de Pará, como antes la de Rondonia, ponen en claro la completa incapacidad de la ‘democracia’ para dar la tierra a los campesinos, por la sencilla razón de que la ‘democracia’ es el régimen de los latifundistas y de sus bandas armadas.