Dos meses después de ser condenado por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier, el general Contreras —ex jefe de la Dina, la policía política de Pinochet— sigue en libertad y sin que se conozca un plazo cierto para su reclusión. La insubordinación de Contreras —apoyada por el ejército y por un sector de la burguesía chilena— es la señal de una crisis política.

Es por eso que el presidente Frei (de la centroizquierdista Concertación Democrática)  anunció un conjunto de proyectos de ley que ha sido calificado como “el paquete de la reconciliación” (Página/12, 22/8). El primero de estos proyectos establece un “punto final” para los procesos por los crímenes dictatoriales que aún siguen abiertos, un viejo reclamo de la camarilla militar. El segundo, un proyecto de reforma constitucional, establece cambios en la composición del Tribunal Constitucional (un organismo de la dictadura, con poder de veto sobre las leyes que vota el parlamento) y del Consejo de Seguridad Nacional (otro organismo “heredado”, con poder para fiscalizar al presidente), y la anulación del mandato de los senadores designados por Pinochet. El tercero es un proyecto de reforma militar, que le permitiría al presidente remover generales y almirantes, con la excepción de los comandantes en jefe.

El proyecto de “reconciliación”, sin embargo, ha sido respaldado “como un solo hombre” (Clarín, 23/8) por el partido Socialista y el partido por la Democracia. El presidente del PS, Camilo Escalona, “reconoció que su colectividad ‘flexibilizó’ su posición (en referencia al “punto final”) teniendo en cuenta … que la transición estaba en condiciones de cerrarse si se abordaban los temas de la institucionalidad democrática incompleta” (Hoy, 7/8).

El objetivo del “paquete de la reconciliación” de Frei es abrir una negociación de conjunto con la derecha. Por eso el gobierno lo ha enviado al Senado —donde los derechistas tienen mayoría y donde revistan los senadores designados por Pinochet. Está claro que la venia final depende del ejército, ya que “resulta impensable promover cambios legales de esta envergadura sin contar con un grado razonable de acogida en las instituciones castrenses” (El Mercurio, 25/8).

El telón de fondo de esta iniciativa es un conjunto de luchas, huelgas y manifestaciones de gran significación (paro docente del 93, huelga de la salud del 94, huelgas mineras, etc.) y la posibilidad de que se profundicen. Para “curarse en salud”, el gobierno le ha ofrecido a la burocracia de la CUT una vía para integrarse al “acuerdo nacional”: la ley de “reformas laborales”, que establece una “protección” (¡de 15 días!) para los que quieran representar al sindicato en las empresas y un “ámbito de negociación colectiva” … que autoriza a celebrar varios convenios de trabajo por empresa a partir de un mínimo de ocho trabajadores que lo reclame. La burocracia apoya abiertamente tanto la “reforma laboral” como la constitucional.

El gobierno de Clinton también apoya el proyecto oficial por cuanto “Chile debe demostrar que los militares se encuentran bajo el control de las autoridades civiles, si desea facilitar su aceptación al Nafta” (The Washington Post, reproducido por Brecha, 4/8).  La burguesía chilena, sin embargo, ha manifestado un enorme recelo y se aferra a la prohibición de las negociaciones colectivas. El Mercurio (27/8) sigue refrescando “la experiencia traumática que vivió el país en los años anteriores a 1973”.

Sin embargo, aunque los once senadores derechistas anunciaron que votarán en contra de las propuestas del oficialismo, el presidente de la Renovación Nacional, Andrés Allamand las calificó como “un gran paso adelante” (Clarín, 19/8.

Pese a los escarceos —y aun a la eventual caída de algunas de las propuestas de Frei—, el objetivo estratégico del “gran acuerdo nacional” está claramente fijado tanto en el gobierno como en la derecha. El mismo Allamand declaró que “seremos capaces de gestar este nuevo acuerdo nacional que Chile necesita” (El Mercurio, 26/8). Su primer “fruto” sería el “punto final”: “tanto senadores oficialistas como opositores estiman que es factible conciliar proyectos sobre derechos humanos (ídem) (porque) el propósito del gobierno coincide enteramente con el de la oposición y procura satisfacer las aspiraciones de las FF. AA.” (El Mercurio, 27/8).