El periodista Héctor González Antonio, corresponsal del diario Excélsior en el estado mexicano de Tamaulipas, fue hallado muerto a golpes. Es el sexto trabajador de prensa asesinado en lo que va del año. El pasado 23 de mayo había sido abatida en su casa la periodista Alicia Díaz González.

Los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) han sido letales para el gremio de prensa mexicano, con un total de 45 periodistas asesinados. La responsabilidad del Estado no sólo responde a su entrelazamiento con el narcotráfico: “según Artículo 19, la organización más importante de defensa de los derechos de periodistas, el terror no siempre procede de los miembros del crimen organizado. Sus cifras registran que, de las 1986 agresiones a reporteros desde 2012 hasta este año, el 48% provenían de funcionarios públicos” (El País, 25/5). La vinculación con el trabajo profesional en los crímenes es notable en muchos casos, como el del periodista experto en narcotráfico Javier Valdez, asesinado hace poco más de un año y cuyo crimen sigue impune.

Pese a este cuadro terrorífico, los trabajadores de prensa ensayan respuestas. Al menos 40 periodistas realizaron una asamblea llamada por el medio RioDoce, el pasado 24 de mayo, para exigirle a los candidatos presidenciales que fijen posición sobre esta situación presentando proyectos que garanticen la seguridad de los trabajadores de los medios.

El ataque a los periodistas es sólo una de las manifestaciones de un Estado criminal. La llamada “guerra contra el narcotráfico” y la militarización del país (alentadas por Estados Unidos) han dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos en diez años. La reciente desaparición en Jalisco de tres estudiantes de cine, cuyos cuerpos habrían sido disueltos en ácido por una banda narco, despertó grandes movilizaciones de repudio. El Estado mexicano es incompatible con la libertad de expresión y los derechos democráticos más elementales.

Basta de crímenes contra los trabajadores de prensa y el pueblo mexicano.