Paraguay: Crece la movilización obrera y campesina

El proceso político paraguayo ha tomado un ritmo vertiginoso. La movilización campesina del 15 de marzo fue precedida de continuas movilizaciones y de un importante movimiento de ocupación de tierras. Una de las consecuencias de este movimiento, que ya anuncia otra movilización para mayo, fue el desplazamiento del ministro de Agricultura.


El 28/3, la Huelga General paralizó al país por 2 días (el viernes 29, día siguiente a la huelga, Asunción estaba literalmente ‘muerta’). La huelga tuvo un acatamiento del 100% en la docencia —aunque tres sindicatos no llamaron  a parar—, transportes, bancos, empresas públicas y centros de salud; superior al 90% en el resto y fue acompañada por los campesinos con cortes de ruta.


Pero no son éstas las únicas manifestaciones de la agudización de la lucha de clases en el Paraguay. En el medio, la designación por “concurso” de una directora ligada al Partido Colorado en el Centro Regional de Educación de la ciudad de Concepción, generó un masivo repudio de la población y una batalla campal entre los manifestantes (2.000) y la policía, que terminó con medio centenar de heridos, pero que impidió su asunción en el cargo (ABC, 22/3).


El día de la huelga, el gobierno ordenó el acuartelamiento militar. Y la masiva movilización de trabajadores, que realizaron un acto en el centro de Asunción, fue ‘contrarrestada’  con el anuncio de “marchas administrativas” de unidades castrenses coincidentes con el paro, dispuestas por el general Lino Oviedo (diario Norte, 29/3). Para la movilización campesina, toda la policía paraguaya estaba acuartelada desde 24 horas antes, y 9.000 efectivos (el 60%) ‘custodiaron’ la marcha (ABC, 25/3).


La movilización obrera y campesina se da en el marco de una creciente crisis económica y financiera. En 5 años, el guaraní se devaluó un 100%. La recaudación impositiva del primer trimestre del año cerró con un déficit de 15 millones de dólares, un 25% menos de la meta fijada (ABC, 3/4). El déficit presupuestario para este año se estima en 280 millones de dólares y de “sólo 100” si se implementa la “Reforma del Estado”, contra un déficit de 25 millones del año 1995 y un superávit de 90 en 1994, según expuso en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, el asesor económico del gobierno, Carlos Mersán Galli (ABC, 22/3).


La conferencia de Mersán Galli estaba destinada a explicar los detalles del proceso privatizador paraguayo, que incluye empresas públicas (la de Telecomunicaciones ANTELCO, entre las más importantes) y el sistema previsional, que seguirá ‘el modelo chileno’, además de nuevas leyes financieras y de bancos y la reducción de la planta administrativa. Una ‘ley de emergencia’ de entidades financieras ya en vigencia, impulsa una contracción del 40% del ‘mercado de dinero’ vía fusiones y adquisiciones(ABC, 15/3).


Pero mientras se articula este gran ataque a la población paraguaya, el gobierno prepara el urgente salvataje de 59 empresas vinculadas al quebrado Banco General, por un valor de 97 millones de dólares (ABC, 22/3).


Las privatizaciones, sin embargo, han generado un choque mayúsculo entre camarillas y denuncias cruzadas de corrupción —que involucran al gobierno, al Partido Colorado, a la oposición y a empresas extranjeras— que han empantanado el proceso, pero que obviamente no detienen su curso general.


En este marco, la reivindicación de las centrales obreras de convocar a un referéndum sobre las privatizaciones es una política endeble, máxime teniendo en cuenta la inmensa red de fraude electoral que existe en Paraguay. Para participar de las municipales de este año, hay que inscribirse portando cédula de identidad, en un nuevo padrón electoral, y a la existencia de decenas de miles de indocumentados, se suman las maniobras y demoras en el otorgamiento de miles de cédulas, según denuncia el PLRA (ABC, 15/3).


La disgregación del Partido Colorado y del gobierno es ostensible. Pero a su salvataje ha concurrido toda la oposición política burguesa con la bandera de la “defensa de las instituciones contra el golpe”. Lo que no ha logrado la intimidación militar-policial, es ahora objetivo de los ‘demócratas’.


Fruto de la Huelga General, fueron inmediatamente convocadas rondas de diálogo político entre el gobierno, la ANR y la oposición. Para Domingo Laino (PLRA), “el gobierno precisa que existan acuerdos porque estamos viviendo momentos difíciles” (Norte, 31/3). Para Caballero Vargas, del Encuentro Nacional, su eventual postulación presidencial para el ‘98 “no debe ser obstáculo para una alianza general de fuerzas políticas…”, donde deben quedar “para el 2000 ó el 2002, la confrontación de supremacías partidarias” (Norte, 30/3), todo con el fin de “consolidar la democracia”. De las negociaciones también participan el Partido Revolucionario Febrerista y la Democracia Cristiana.


Esta oposición da curso a los rumores de golpe de Estado como una manera de justificar su accionar y de inmovilizar a las masas. Menos disimuladamente, el ministro del Interior, Diógenez Martínez, aclaró que “esta especie de cogestión con la oposición” es una manera de concretar “el gran proyecto de Reforma del Estado” (Norte, 31/3).


Pero la oposición burguesa no es la única en ‘recalcar’ el peligro de golpe. Un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya del 29/3 señala que “El crecimiento de la pobreza, el campesinado que reclama la reforma agraria de fondo y las movilizaciones sociales que inquietan a la población podrían poner en riesgo al proceso democrático”.


Mientras tanto, la democracia no se priva de nada. Usando una provocación montada el día de la huelga por sindicalistas ‘colorados’, la justicia ordenó el pedido de captura del presidente de la ‘colorada’ Central Paraguaya de Trabajadores, Gerónimo Morales.