Las presunciones de fraude, violencia y hasta de manotazos cuarteleros ante la prevista victoria electoral de Fernando Lugo en Paraguay se disiparon rápidamente. Muy temprano, al anochecer del mismo domingo 20, la candidata oficialista Blanca Ovelar reconoció el triunfo de su adversario. Lo propio hizo el presidente, Nicanor Duarte Frutos, quien anunció, en tono conciliador, que habrá una transición ordenada y acordada, y subrayó que "por primera vez en la historia de Paraguay el poder pasará de un partido a otro sin golpe de Estado ni derramamiento de sangre" (Reuters, 20/4).

La vieja Asociación Nacional Republicana, o Partido Colorado, fundada en 1887, supervivencia del conservadurismo que libró una guerra civil continental en el siglo XIX contra la avanzada liberal, está ahora quebrada y carcomida por conflictos internos, muchas veces sangrientos, después de 61 años de gobierno mafioso, sustentado en el contrabando y el narcotráfico. Ese partido ya no estaba en condiciones de retener el aparato de un Estado históricamente débil, derruido por la corrupción. Por lo tanto, las clases dominantes paraguayas y hasta el Departamento de Estado han juzgado inconveniente generar un conflicto de magnitud impredecible para sostener en el gobierno, mediante el fraude y la violencia, a un equipo político ineficaz y disgregado.

Así, Paraguay se incorpora a la corriente de gobiernos centroizquierdistas en Sudamérica, próximo a Lula, a los Kirchner, a Tabaré Vázquez y a Bachelet.

La Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que llevó a la presidencia a Lugo, está constituida por un conglomerado de nueve partidos, el principal de los cuales es el centroderechista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del cual un columnista del diario Ultima Hora ha dicho que concentra "lo más rancio del conservadurismo" (La Nación, 22/4). En el otro extremo, la organización Tekojoja, indigenista, duramente reprimida durante la campaña electoral (asesinatos incluidos), ha promovido ocupaciones de tierras y propugna una difusa reforma agraria. En el medio, conviven como pueden un grupo de partidos de izquierda o centroizquierda y una veintena de movimientos sociales heterogéneos.

Por eso, a horas de su triunfo, Lugo dijo que su primera tarea será "consolidar la Alianza Patriótica… hay muchas lagunas dentro de ella, muchas falencias" (Clarín, 22/4).

¿En qué sentido se producirá esa "consolidación" de los vencedores? Una figura clave, el vicepresidente electo, Federico Franco, titular del Partido Liberal, lo ha dicho sin vueltas: "Paraguay no está preparado para una izquierda al estilo de Hugo Chávez… Sí de centroizquierda, como el que tienen en la Argentina, en Chile con Michelle Bachelet, o en Uruguay… La izquierda tilinga, extrema, no tiene cabida. El Partido Liberal va a asegurar que el cambio sea tranquilo, armónico" (ídem anterior). Esto es: los liberales dan garantías de que la Alianza se consolidará hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ésa es la gente que, según el MST, "encarna la propuesta del socialismo del siglo XXI"1.

El conflicto agrario

La situación del agro paraguayo la describe el propio Lugo: "La distribución de la tierra en el Paraguay es una de las más escandalosas del continente" (Clarín, 22/4). Además, también allí el campo se ve arrasado por las corporaciones sojeras y los pools de siembra.

En ese estado de cosas, hay en el país un movimiento campesino activo, que organiza marchas masivas hacia Asunción y en los últimos cinco años ha ocupado y recuperado 250 mil hectáreas. La reacción latifundista organiza bandas armadas y los choques entre unos y otros han provocado una treintena de muertos desde 2005.

Lugo, que mientras fue obispo de San Pedro respaldó las acciones campesinas y se lo llamó por eso "el cura de los pobres", propone ahora convocar a "una mesa con los diferentes sectores interesados en la reforma agraria: empresarios, latifundistas, sin tierras, Estado, técnicos" (ídem anterior). Un "consenso no traumático" entre el puñado de terratenientes que acapara el 60 por ciento de la superficie cultivable y los campesinos sin tierras que las ocupan por la fuerza, supone necesariamente desechar toda expropiación territorial. Eso no puede andar hacia atrás ni hacia delante, está perdido de antemano.

El movimiento campesino, por tanto, tiene su futuro lejos, bien lejos, de Fernando Lugo y su Alianza Patriótica.

El conflicto energético

La presa Yacyretá genera una energía de 14.500 gigawatts/h. De la mitad que le corresponde, Paraguay sólo utiliza entre el 2 y el 5 por ciento. El resto lo vende a la Argentina, que obtiene de esa compra el 16 por ciento de toda la energía que consume.

Argentina paga 30 dólares por megawatt, precio muy por debajo del vigente en el mercado mundial. Como se recordará, el año pasado la Argentina importó electricidad de Brasil a 240 dólares el megawatt, de acuerdo con la cotización internacional. Pero los ingresos por la venta de esa energía no van al Estado paraguayo sino al ente binacional Yacyretá SA, que lo destina al pago de su deuda con el Estado argentino por la construcción de la obra. Es decir, vuelven a la Argentina.

Como la deuda es enorme (11.000 millones de dólares) y el precio de venta muy bajo, el dinero recibido por el Paraguay "no alcanza a pagar la amortización y la deuda sigue subiendo (…) sólo un megawatt a 80 dólares habría permitido pagar los costos de operación y mantenimiento y parte de la amortización" (La Nación, 22/4). Lugo buscará renegociar el precio de venta y, también, el fondo de reparación por las inundaciones que produzca la presa. "Pero si quiere renegociar, deberá ceder algo", adelantó el ex secretario de Energía Carlos Bastos (ídem).

Algo similar sucede con la energía producida por la presa Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil. De las veinte turbinas instaladas allí, a Paraguay le corresponden diez, pero apenas emplea la energía producida por una de ellas. El producto de las otras nueve lo vende a la brasileña Electrobras por cien millones de dólares anuales. Electrobras revende esa electricidad al parque industrial de San Pablo en dos mil millones de dólares por año.

El lunes 21 de abril, a horas de la victoria de Lugo, el diario ABC Color, de Asunción, puso en tapa un título en tamaño catástrofe: "Brasil explota a Paraguay" (por la compra de energía) y añadió en la bajada: "Ésa es la primera tarea del nuevo gobierno". Así se ve que franjas decisivas de la burguesía paraguaya presionan a Lugo para que aborde, con la mayor energía, una renegociación de los contratos energéticos con Brasilia (también con Buenos Aires), cosa que en modo alguno podía hacer el Partido Colorado, metido hasta el tuétano en ese entramado corrupto.

Ese mismo lunes, Lula felicitó a Lugo, pero advirtió que no revisará el tratado de Itaipú, firmado en 1973 por el dictador narcotraficante Alfredo Stroessner y vigente hasta 2023. Sin embargo, horas después, el canciller Celso Amorim dijo que alguna revisión podría hacerse. Ha empezado el tire y afloje.

La diferencia entre los "precios políticos" que Paraguay recibe por la venta de electricidad al Brasil y a la Argentina, y los precios de mercado, ronda los 1.800 millones de dólares anuales, monto gigantesco para la economía paraguaya (tiene un PBI de 2.000 millones y una deuda externa de 3.000 millones). Con ese dinero, especula Lugo, podría abordar un plan económico – obras públicas, por ejemplo- que le permitiría reducir la desocupación y atemperar los conflictos de clases.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue los acontecimientos de un país que considera estratégico, un Estado "tapón" entre Brasil y la Argentina, asentado además sobre el Acuífero Guaraní, una enorme reserva que podría proveer agua dulce a 360 millones de personas durante cien años, a razón de 300 litros por persona y por día. Y el agua, se sabe, empieza a ser un recurso casi tan sensible como el petróleo.

Todo indica que veremos, en definitiva, otra experiencia de "nacionalismo de regalías", a lo Evo Morales, sin perspectivas históricas, en un cuadro de disgregación partidaria, pugnas interburguesas y radicalización de la lucha de masas.