Las principales centrales sindicales peruanas realizaron ayer jueves 20 un paro nacional, con piquetes y movilizaciones en distintos puntos del país contra la reforma laboral que aprobó por decreto el gobierno de Martín Vizcarra a fines del año pasado y que supone, entre otras cosas, una rebaja en las indemnizaciones, una reducción en los días de vacaciones, de las dos gratificaciones anuales (aguinaldos) y de los aportes para las jubilaciones y autorización para el despido de representantes gremiales, “siempre y cuando se les pague indemnización”, en un golpe brutal a la defensa gremial.

Esto con el objetivo de “generar un mejor cuadro para tener un ambiente de negocios productivo” y “crear las mejores condiciones para que se contrate a los trabajadores en blanco”, según la argumentación oficial. 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la mayor central empresaria, se ha manifestado repetidamente en reclamo de una mayor flexibilización laboral. 

El decreto del gobierno, que responde a estos reclamos empresarios de poner en marcha la liquidación de conquistas obreras, se da en el marco de un mercado laboral donde el 72% de los trabajadores de la ciudad y el campo trabajan en negro y el 65% no tiene aportes jubilatorios, según datos oficiales. Es decir que se trata de ir a fondo en la superexplotación obrera sobre el pequeño porcentaje de empleados registrados, con el objetivo de hacerle pagar a los trabajadores peruanos las consecuencias de la crisis económica provocada por debacle capitalista.

Esta política -que los trabajadores argentinos hemos visto implementar y conocemos sus resultados- no solamente no crea empleo sino que aumenta la cantidad de despidos, por el hándicap que les da a las patronales el dejar a los trabajadores en la calle con un costo reducido.

Los reclamos

Entre las reivindicaciones levantadas por los gremios en la jornada de ayer están la derogación de la reforma laboral y la eliminación de los contratos precarios, así como el incremento de las jubilaciones y de salario mínimo -que se encuentra congelado- y la plena vigencia de la negociación colectiva que el gobierno se ha lanzado a liquidar, imponiendo salarios y condiciones de trabajo de manera unilateral.

Si bien el paro no tuvo un alcance masivo, fueron importantes las movilizaciones y cortes de calles y rutas que se realizaron en distintos puntos del país, en particular la que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, a pesar de las limitaciones que le impone la burocracia de todas las centrales sindicales a la lucha por las reivindicaciones obreras, en particular a la reforma laboral.

La medida, llamada por las centrales convocantes -Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Perú), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)- fue convocado como paro Nacional, Cívico y Popular y levantó otras reivindicaciones como la lucha contra la corrupción, el cobro de los peajes en zonas del interior y proyectos mineros contaminantes.

La burocracia viene escalonando y reteniendo la bronca obrera. A lo largo de este año, desde que fuera aprobado el decreto flexibilizador, ha ido convocando a movilizaciones aisladas y mantuvieron reuniones episódicas con funcionarios en las cuales no se modificó ni un ápice del decreto. Y, en boca del máximo dirigente de una de las centrales, la CGTP, “es el Ejecutivo que tiene que poner las medidas correctivas en beneficio del trabajador para que se cumplan”. Y destacó que “desde el primer momento”, la central “pidió diálogo en el tripartito Consejo Nacional del Trabajo”.

Horas antes de comenzar el paro, se logró un pequeño triunfo. El gobierno dio marcha atrás en la prohibición de la huelga y de las movilizaciones convocadas para ayer “al imponer la derogación de una resolución autoritaria y logrado una nueva disposición que otorga garantías para garantizar el derecho  de huelga y de protesta social”, dijeron los convocantes.

Un gobierno antiobrero

Vizcarra, que asumió el cargo cuando fue destituido el anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski, bajo distintos cargos de corrupción, y del cual aquel era vicepresidente, está acusado de haber recibido sobornos y estar al servicio de las grandes mineras.

El actual presidente intenta jugar un papel bonapartista ante el derrumbe de los partidos tradicionales. Es fundamental la unidad en la lucha de los trabajadores y el conjunto de los sectores populares.

La tarea que tiene por delante el movimiento obrero peruano es preparar un Congreso Nacional de Trabajadores de los Sindicatos y Centrales que tome en sus manos la unificación de la lucha hacia la huelga general hasta liquidar el plan de ajuste de Vizcarra. Y votar un programa que plantee los reclamos de las masas y las medidas necesarias para enfrentar la crisis capitalista en marcha:

No al pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y de las mineras, bajo control obrero. Y lanzarse a la tarea de construir un Partido Obrero Revolucionario que organice a la vanguardia para la lucha por un gobierno de trabajadores.