Perú: organizar la lucha por las reivindicaciones obreras y populares

Fuera el Congreso golpista: asamblea constituyente soberana

Protesta de maestros (imagen de archivo)

El deterioro del gobierno de Pedro Castillo se agiganta a cada instante. El partido por el que fue electo (Perú Libre, PL) lo instó a renunciar a su afiliación, acusándolo de llevar adelante una agenda de gobierno neoliberal. Y Castillo así lo hizo. De cerca de 40 diputados que tenía como bancada mayoritaria, PL se quedó con la mitad. Otros bloques se formaron (Partido Magisterial, etc.) en torno a Castillo o directamente se escindieron.

¿Esto significa acaso que el PL, al forzar una separación de sus filas de Castillo (ya llevada adelante por el propio presidente), pasa a ser una oposición militante de izquierda o revolucionaria?

De ninguna manera. Lo primero que hizo el PL fue sumar en el parlamento sus votos a la derecha para destituir al ministro del interior.

Vladimir Cerrón, el secretario general de PL (ex gobernador procesado y sentenciado por delitos de corrupción) -que se autoproclamaba marxista- está fundamentalmente detrás de la “lucha” por cuotas de poder en el gabinete. La cercanía de elecciones municipales y provinciales en octubre próximo ha sido, seguramente, un aliciente para esta ruptura pública de PL con el presidente Castillo. Para ver si puede mejorar su votación como “opositor”.

Parlamento golpista

El Congreso acaba de votar la “censura”-destitución del ministro de Interior que había asumido en mayo. Lo cuestionaron por no haber detenido al prófugo ministro de Transporte acusado, junto a sobrinos del presidente Castillo, por “corrupción”.

Es el vigésimo ministro cambiado en menos de un año, todos bajo presión de la derecha “parlamentaria”.

La derecha con mayoría en el parlamento va limando todo el tiempo la estabilidad de Castillo. En varias oportunidades pidió la “vacancia” –desplazamiento golpista- del presidente con diferentes argumentaciones sobre corrupción e ineficiencia. Con los pedidos de renuncia de ministros, bloqueos legislativos y amenazas, la derecha ha ido conquistando posiciones en los poderes estatales. Ahora ha iniciado una campaña también impugnando a la vicepresidenta Dina Boularte, pidiendo también su “vacancia”. Prepara así que en una eventual destitución del presidente Castillo sea también arrastrada su vicepresidenta. Y el poder pase directamente a la presidenta derechista de la unicameral, María del Carmen Alva.

Nuevamente la mayoría derechista ha iniciado un nuevo procedimiento para destituir a Castillo. Esta vez a través de un “juicio político”.

Hasta ahora el gran capital no apoyó en forma abierta estas “vacancias” promovidas por la derecha. Castillo no ha intentado llevar adelante ninguna política transformadora que afecte los intereses de la burguesía y el imperialismo. Se ha amoldado a estos. Un tímido intento de colocar un límite a las tercerizaciones laborales dentro de las grandes empresas madre, no solo ha sido impugnado por el Congreso, sino que llevó a la destitución de la ministra de trabajo. Las patronales mineras, contentas.

Las principales reivindicaciones de la derecha se van imponiendo. El ex presidente golpista Manuel Merino, que fue derribado por la movilización popular hace año y medio atrás –y acusado de la muerte de estudiantes movilizados-, ha sido “blindado” por el parlamento que retiró todas las acusaciones contra él. Los rectores de las universidades privadas truchas (de un rastrero nivel educativo, solo fuente de abusivas ganancias empresariales) están a punto de ser incorporados a la comisión de política universitaria.

Se está impulsando la constitución de “comisiones de padres” para intervenir en la confección de planes de estudio, con derecho a veto y censura sobre textos que consideren inmorales (Educación Sexual, etc.), siguiendo la presión de las iglesias.

La anunciada -en la campaña electoral- segunda reforma agraria y que nosotros denunciamos oportunamente como trucha (no tocaba la propiedad de la tierra), ha derivado en una crisis total en las promesas de sostener con créditos baratos a los pequeños campesinos. No solo que el crédito ha ido al gran capital agrario exportador, sino que la falta de fertilizantes, producto de la guerra de Ucrania, no ha sido garantizada para los campesinos llevándolos a situaciones de crisis (lo que seguramente servirá para seguir avanzando en la concentración de tierras).

Una jornada de lucha nacional el 27 y 28 de junio pasado, sostenida por un frente popular integrado por la central obrera (CGTP), centrales campesinas y algunos partidos que se reclaman de izquierda (PC, etc.) ha sido un factor de agitación con cierto eco en movilizaciones en zonas agrarias y más limitado en Lima.

Ha coincidido con paros de transportistas contra el aumento en los precios de los combustibles, producto directo de las consecuencias de la guerra.

La agitación social se está incrementando, respondiendo directamente a la creciente polarización social que va aumentando la pobreza de amplios sectores de masas con sus trabajos precarios. Las comunidades campesinas son las más movilizadas, bloqueando a las mineras que no aumentan los cánones a pagar a las comunidades (a pesar del aumento de precios de la exportación de minerales) y contra los desastres ambientales depredatorios que están acumulando por una explotación salvaje.

La mano de obra rural ha vuelto a retroceder (después de la gran huelga de fines del 2020) en sus salarios y conquistas. Frente a la creciente agitación en los campos se ha impulsado una legislación que autoriza a formar guardias paramilitares –con la excusa de luchar contra el narcotráfico y eventuales “terroristas”- a las patronales monopólicas que serán una “garantía” para reprimir la lucha de los trabajadores rurales y pequeños campesinos.

Cerrar el parlamento golpista

El presidente Castillo tiene –según encuestas- un 70% de desaprobación. Pero el parlamento golpista sube al 85% del repudio popular.

Castillo había enviado un proyecto al parlamento para –en oportunidad de las elecciones locales próximas- realizar un referéndum nacional a favor de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero este ha sido directamente cajoneado por las bancadas derechistas mayoritarias. Castillo usa la excusa de que no puede realizar cambios sociales de importancia porque la normativa constitucional no se lo permite. La derecha –y el gran capital- temen la convocatoria a una elección por una Constituyente, por más amañada que sea, por temor a que la agitación social existente vuelva a manifestarse en las urnas y en una creciente movilización popular. Las burocracias sindicales colocan la Constituyente como un reclamo central pero… no organizan una lucha consecuente por imponer YA las demandas obreras, campesinas y populares contra el capital. El incremento del costo de vida se está acelerando. En junio aumentó un 1,20%, y lleva en el cálculo interanual a casi el 9%, lo que se siente en el bolsillo del pueblo trabajador.

Es necesario un urgente plan de lucha por las reivindicaciones obreras, campesinas y populares: por un aumento salarial de emergencia del 20%, bonos para los desocupados y pobres, asistencia a las ollas populares que se están organizando en las barriadas, derogación de los tarifazos (combustibles, etc.), condonación de deudas a los pequeños campesinos y garantizar el acceso privilegiado a fertilizantes, nacionalización del sistema educativo universitario gratuito, plena vigencia del derecho al aborto y a las disidencias sexuales, no a los desalojos de tierras, bonos para el pueblo sin techo para enfrentar el alza de los alquileres, plan de viviendas populares (Ciudad Bicentenario, etc.) etc. Un congreso de delegados electos en las organizaciones obreras y populares en lucha debiera ser un objetivo centralizador para desarrollar la movilización nacional. Para que la lucha sea continuada y consecuente y no se transforme meramente en un recurso de propaganda electoral.

La lucha por el cierre del Congreso es necesaria y está plenamente justificada si es realizada por la acción de las masas. Se trata de un parlamento golpista, antiobrero y reaccionario. De un parlamento que complota por dar un giro más derechista y represivo en el Perú.

Desde ese punto de vista, es legítimo el reclamo del cierre del parlamento golpista y la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana que tome en sus manos el poder. Se trata de un reclamo democrático que solo podrá ser impuesto por la movilización obrera y popular. Castillo, al presentar su proyecto de referéndum por una Constituyente en un Congreso que no controla y donde, por tanto, no puede prosperar, ha dado por cerrado este reclamo. A pesar de que la derecha parlamentaria cambia todos los días con mayorías especiales aspectos de la Constitución para seguir adelante en su copamiento reaccionario del aparato estatal (justicia, etc.).

Para Castillo, en su proyecto, de todos modos, se trataba de una Constituyente para modificar aspectos institucionales, incluso desde un punto vista regresivo (eliminación de la Unicameral por dos cámaras legislativas; avance de la política clerical antidemocrática respecto a los derechos de la mujer; etc.), no para producir las transformaciones sociales antiimperialistas y contra el gran capital, necesarias para cambiar el destino de las masas peruanas. Y, lo más importante: no se trataba de que la Constituyente asumiera un carácter soberano, sino que debía convivir con el actual parlamento derechista reaccionario que seguiría gobernando en la misma forma reaccionaria que lo viene haciendo en la actualidad.

Se basa en la “experiencia” chilena, donde la derecha ha logrado –con las mayorías especiales para la aprobación que se establecieron- mantener el grueso de las conquistas reaccionarias impuestas por la dictadura pinochetista y refrendadas-aggiornadas por “la transición” de “los 30 años”.

La Asamblea Constituyente debe ser soberana y revolucionaria, asumiendo directamente el poder o no será una real Constituyente.

La necesidad de un reagrupamiento político independiente del gobierno y de la burguesía esta plenamente planteado.