Perú confirma, por enésima vez, que la rebelión y la movilización revolucionaria es la respuesta de los pueblos latinoamericanos a la bancarrota de los regímenes políticos y económicos del continente. Después de los levantamientos bolivianos, del Argentinazo, del Arequipazo peruano ÿhace un añoÿ, de los levantamientos campesinos en Ecuador, esta nueva rebelión popular contra Toledo muestra de manera aguda que la crisis capitalista engendra, de manera sistemática y necesaria, la tendencia a la revolución.

Cuando, después de tres semanas de huelga docente, de cortes de caminos de los campesinos, de huelgas de los judiciales y la salud y de manifestaciones estudiantiles, Alejandro Toledo decretó el estado de sitio, el desalojo de las rutas y la reapertura de los colegios por la fuerza armada, entró por el camino de De la Rúa: jugaba todo el destino de su gobierno a quebrar por la vía de la represión la movilización popular en curso.

Toledo no fue solo al estado de sitio: el conjunto de las cámaras patronales, la Iglesia y los partidos patronales (con la tibia excepción del Apra) salieron a declarar que “había que poner orden”. Pero, por sobre todo, Toledo contó con el respaldo efectivo del alto mando, que cumplió fielmente las órdenes de desalojar a balazos las rutas, los puentes y las escuelas.

En el primer día de vigencia del estado de sitio, las Fuerzas Armadas masacraron a los estudiantes que habían ocupado la universidad en Puno (al sur del país); ocuparon escuelas y el Ministerio de Justicia (sus trabajadores estaban en huelga) y desalojaron violentamente a los campesinos de las rutas. En ese primer día, las fuerzas represivas asesinaron a un estudiante en Puno e hirieron de bala a cientos de trabajadores en todo el país.

Pero aun con el sólido respaldo de la burguesía y tan brutal demostración de fuerza, el estado de sitio fracasó. La huelga docente se mantuvo en pie (ya entró en su cuarta semana), las escuelas continuaron desiertas (no sólo no concurren los docentes en huelga sino que tampoco los padres envían a sus hijos), las manifestaciones estudiantiles y las marchas docentes continúan, y la represión desató una ola de repudio popular al gobierno. Ante la continuidad de la huelga docente y el repudio popular al estado de sitio, la CGTP (que hace poco había anunciado que “estudiaba” la convocatoria de una huelga general para… julio) convocó a una marcha nacional para el 3 de junio. En las provincias del sur del país, los gobiernos locales llamaron a “paros cívicos” en repudio al estado de sitio para la misma fecha.

La evidencia de que el fracaso del estado de sitio estaba arrastrando al abismo al gobierno de Toledo hizo sonar las alarmas para la burguesía. Las cámaras patronales forzaron al gobierno a convocar de urgencia el “Acuerdo Nacional” (en el que participan el gobierno, los partidos parlamentarios, las cámaras patronales, la burocracia sindical y la Iglesia), en el que se aprobó, a puertas cerradas, lanzar una “mediación” de la Iglesia para darle una salida al empantanamiento de la huelga docente. En declaraciones previas, las cámaras patronales, que apenas cuatro días antes reclamaban “que se ponga orden”, plantearon la necesidad de levantar el estado de sitio y llegar a un acuerdo con los docentes.

En la misma reunión, las cámaras patronales y especialmente la Iglesia reclamaron la suspensión de la marcha nacional de la CGTP “para que pueda trabajar el mediador”. La Iglesia teme que una represión de la marcha desate una rebelión popular todavía mayor. Sólo el Apra de Alan García se abstuvo de participar en el “Acuerdo Nacional”, preservándose como “alternativa de gobernabilidad” si el operativo contra la huelga fracasa.

La enorme presión de la rebelión popular se manifiesta en el hecho, conocido al escribirse estas líneas, de que la CGTP confirmaba la realización de la marcha nacional del 3 de junio, a pesar de las muy intensas presiones de la Iglesia para que fuera suspendida.

Por medio de la represión, primero, y de las promesas y las maniobras luego, la Iglesia, es decir el imperialismo, y la burguesía peruana buscan impedir que el gobierno fondomonetarista de Toledo sea barrido por la rebelión popular. Los acontecimientos están en pleno desarrollo y los explotados peruanos aún no han dicho su última palabra.