Cuando parecía que finalmente Fujimori había logrado superar la crisis política desatada por su reelección fraudulenta y cuando la oposición había levantado las movilizaciones populares para entrar en un ‘diálogo político’ patrocinado por la OEA –que, según uno de sus miembros, “podría durar años” (Tiempos del Mundo, 17/8)–, la dictadura fujimorista se derrumbó desde adentro en apenas una semana.

La aparición del famoso video de Montesinos coimeando a un diputado y, luego, el anuncio de Fujimori de su renuncia anticipada y de la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional son la consecuencia de un acelerado proceso de quiebra interna. En las semanas previas a la aparición del video, la prensa había informado de enfrentamientos entre el Ejército y la Marina, divisiones en el bloque oficialista del Parlamento, choques dentro del aparato de inteligencia y, finalmente, divergencias entre Fujimori y Montesinos por el desvío de armas hacia las Farc colombianas. El derrumbe tiene como marco la crisis económica (recesión persistente, fuga de capitales, drástica caída de la inversión externa, roces con las empresas mineras extranjeras). Respecto de Fujimori, un editorial de La Nación (20/9) no tiene dudas en señalar que “a pesar de que rindió sus frutos y tuvo sus logros (…) su ciclo está irremisiblemente agotado”.

 

La impasse de la “transición”

El régimen de Fujimori está defintivamente terminado… pero no se ha ido. Incluso no es claro que quiera irse.

Fujimori no le ha puesto fecha a las elecciones, pretende gobernar todavía por diez meses y procura dictar los términos y los plazos de la ‘transición’. Pero la Iglesia, el imperialismo, los grandes grupos capitalistas que operan en Perú y los especuladores internacionales han salido a reclamarle al gobierno “un gran acuerdo político” con la oposición para establecer rápidamente una ‘salida’ y evitar que las masas salgan a la calle.

La oposición burguesa se ha negado a utilizar la crisis para llamar a los trabajadores a movilizarse para derrocar a la dictadura. Al contrario, ha retomado el camino del ‘diálogo’ con el gobierno bajo la supervisión de la OEA. Excepto en su voluntad de impedir cualquier movilización de masas, la oposición se encuentra completamente dividida acerca de la naturaleza de la ‘transición’: mientras Toledo reclama que las elecciones sean convocadas y fiscalizadas por un ‘gobierno de transición’ encabezado por un candidato ‘consensuado’, otro sector acepta que el fujimorismo las maneje a través de su actual vicepresidente.

Esta impasse llevó a los voceros del Departamento de Estado norteamericano a mostrar su “preocupación” por la situación y a advertir que “todo puede descarrilarse”. Un corresponsal afirma que “lejos de solucionarse, la crisis del Perú tiende a agravarse” (La Nación, 22/9). Una de las claves de este “agravamiento” es el temor, tanto de oficialistas como de opositores, a una intervención de las masas obreras y populares en la crisis política precisamente cuando se agudiza la fractura de la camarilla, el inmovilismo del régimen y la cobardía de la oposición y su tendencia a ‘acordar’ con Fujimori.

La crisis de la dictadura es un paso hacia adelante de una situación pre-revolucionaria. Resulta claro que entre la dictadura y los explotados no existe ninguna dirección política fuerte capaz de domesticar de manera duradera a los trabajadores. Más aún, el anuncio de Fujimori de que no se presentará a las próximas elecciones liquida el pretexto para que la oposición tenga una “candidatura única”. Para los trabajadores, y en particular para su vanguardia, se plantea no ya la necesidad de desarrollar una expresión política independiente sino también mejores condiciones para hacerlo.

La oposición burguesa respalda una ‘transición’ pactada con Fujimori y el imperialismo. Sólo la clase obrera y los explotados pueden darle una salida democrática al hundimiento del régimen fujimorista.