Se estima que en Argentina hay más de 2 millones de migrantes, lo que equivale aproximadamente a un 5% de la población. Las comunidades más numerosas son las de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay. En los últimos años, además, ha crecido la comunidad venezolana. La mayor parte de esta diáspora (un 73%) se concentra en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

La situación de los migrantes se caracteriza por una gran precariedad. Debido a la prevalencia de la informalidad laboral, la pandemia significó un tremendo golpe para este sector, y apenas un pequeño porcentaje tuvo acceso al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). A su vez, sufren mayores dificultades para alquilar y acceder al sistema financiero, e incluso los propios trámites de regulación pueden ser engorrosos.

Un tema particularmente grave es el de la discriminación y la persecución. En 2017, como parte de una campaña que asociaba a los migrantes con el delito, un decreto del expresidente Mauricio Macri facilitó la deportación -en forma exprés- de extranjeros con causas penales, aun sin condena judicial, o con condenas ya cumplidas. Se autorizaba, incluso, la expulsión por faltas administrativas en los trámites de ingreso. Como resultado de ello, se incrementaron las eyecciones y hasta se registraron casos de mujeres con penas ya purgadas que fueron deportadas sin siquiera poder despedirse de sus hijos (Chequeado.com, 17/3/21). Esta política encontró sus defensores dentro del Frente de Todos, como el caso del actual ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Tras una larga lucha de los colectivos de migrantes, el DNU de Macri fue finalmente derogado este año. Pero la estigmatización y la discriminación siguen presentes.

Las listas 1A del Frente de Izquierda – Unidad han integrado a compañeros de los colectivos migrantes como candidatos y en la Ciudad de Buenos Aires se prepara una caravana para el día 4. Para estas elecciones, el padrón porteño arroja veinte veces más de inscriptos que la vez pasada, debido a un cambio del Código Electoral que estableció un empadronamiento automático de migrantes. Son 400 mil personas habilitadas, en tanto que en la provincia de Buenos Aires son más de 800 mil. Solo pueden votar para cargos locales. ¿Por qué creemos que los migrantes deben apoyar las listas del FIT-U 1A Unidad de la Izquierda?

Denominador común

América Latina vive una realidad común, la de los ajustes de los gobiernos capitalistas (tanto derechistas como “nacionalistas”). Es un intento de transferir la crisis sobre los hombros de las masas. El gobierno argentino, por ejemplo, se encuentra negociando un acuerdo con el FMI que tendrá como contrapartida la profundización de un ajuste que ya está en curso. En Ecuador, el gobierno del expresidente Lenín Moreno suscribió un pacto con el organismo internacional en que se compromete al recorte del gasto, incluyendo los salarios de los empleados públicos.

Pero frente a los ataques de los gobiernos, los pueblos se levantan. En marzo de este año, lo vimos en Paraguay, donde hubo grandes movilizaciones contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, responsable del colapso sanitario de la nación guaraní y el crecimiento de la pobreza. El referente del Partido Colorado se sostuvo en el poder con la complicidad del parlamento.

En Bolivia, la huelga general de agosto del año pasado obligó al gobierno golpista y criminal de Jeanine Añez a batirse en retirada. Ese gobierno, responsable de las masacres de Sacaba y Senkata, recibió el apoyo de los yanquis, la Unión Europea, Bolsonaro y Macri, que -ahora se sabe- le envió armas. En contraste con esa colaboración entre represores, en Argentina nos movilizamos reiteradamente a la embajada en apoyo a la lucha antigolpista. Al calor de ese proceso nació la Agrupación de Trabajadores Bolivianos, Atrabol.

En Perú, una rebelión con destacada participación de la juventud echó del poder, en noviembre, al efímero Manuel Merino, quien había sido entronizado por el corrompido parlamento peruano, tras la destitución de Martín Vizcarra. La consigna “que se vayan todos” mostró el hastío general con un régimen político hambreador y corrupto, al servicio de las grandes mineras que saquean el país. En nuestro país, se puso en pie la Agrupación de Trabajadores Peruanos (Atraper) para apoyar esa lucha.

Podríamos seguir así un largo rato. Colombia se vio sacudida a partir de abril por una rebelión contra el gobierno de Iván Duque, cuyo detonante fue el intento oficial de imponer una reforma tributaria que reforzaba los impuestos sobre los sectores populares; en Chile, el aumento en el boleto del subte en octubre de 2019 derivó en un levantamiento que puso en cuestionamiento a todo el andamiaje institucional.

Frente a esta oleada de sublevaciones, los gobiernos respondieron con una represión criminal que dejó decenas de víctimas.

En tanto, el gobierno de Alberto Fernández instó al pueblo colombiano en mayo a “retomar la paz social”, con lo que impugnaba su lucha. Y en enero, había resaltado durante una gira por Chile que tenía “más coincidencias que diferencias” con el mandatario Sebastián Piñera, mientras el pueblo chileno intentaba sacarlo del palacio de la Moneda.

Con las luchas

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad, en cambio, han apoyado incondicionalmente los procesos de rebelión. Del mismo modo, desde el PO hemos denunciado las maniobras golpistas de Juan Guaidó en Venezuela y el bloqueo económico norteamericano. La agudización de la crisis venezolana explica la creciente emigración de sus habitantes, siendo la Argentina uno de sus receptáculos. Frente a tal situación, denunciamos la responsabilidad del imperialismo, sin hacer ninguna concesión al gobierno de Maduro, que se ha dedicado a enriquecer una “boliburguesía” y que lleva a cabo en estos momentos un proceso de ajuste contra su pueblo y de reprivatización petrolera.

Nuestra estrategia es la unidad socialista de América Latina. Para llevar a la victoria los procesos de lucha, es necesaria la estructuración independiente de los trabajadores y la construcción de partidos revolucionarios.

En estas elecciones, es necesario reforzar una alternativa de los trabajadores. Por un salario igual a la canasta familiar; igual salario por igual trabajo; por un subsidio al desocupado de $50.000; pase a planta de los precarizados; contra la represión y la persecución; por la urbanización real de los barrios populares; por un Consejo Autónomo de Mujeres con presupuesto estatal, electo por las propias mujeres y diversidades a partir de los 13 años, para enfrentar la violencia de género.

El 12 de septiembre, vamos con las listas 1A del Frente de Izquierda – Unidad en todo el país.