Las medidas ajustadoras del gobierno portugués, de cara a la bancarrota fiscal, acaban de desatar las movilizaciones más grandes que se recuerden desde la Revolución de los Claveles de 1974. El gobierno anunció un aumento de las cotizaciones a la seguridad social que implicaban una reducción salarial del 7%, al tiempo que se disminuían las cotizaciones por parte de las patronales. Como respuesta a estas medidas -que implicaban "la mayor transferencia directa de la historia portuguesa entre el factor trabajo y el factor capital por 2,3 billones de euros anuales" (Valor, 30/9)- un millón de personas se movilizaron a lo largo de cuarenta ciudades, en un país de once millones de habitantes. "Hasta los militares han mostrado su malestar, y han advertido que no serán ‘instrumento de represión' ante posibles revueltas ciudadanas" (Rtve.es, 29/9).

El gobierno portugués busca cumplir con las metas de déficit fiscal exigidas por la Troika, luego del rescate de 2011 por 78 mil millones de euros. El gobierno logró reducir el déficit presupuestario en cinco puntos porcentuales en dos años, pero las medidas de ajuste han agravado la recesión: la economía acumula veinte meses consecutivos de contracción y el consumo privado se ha derrumbado. La tasa de desempleo alcanza el 16% y trepa al 35% en los jóvenes de hasta 24 años. La presión impositiva sobre las masas es insoportable.

Impasse

La irrupción de las masas movilizadas enterró la propuesta de Passos Coelho y agudizó las fracturas al interior de la burguesía, que es consciente de que el ajuste llegó a su límite pero no encuentra alternativas. El CDS-PP, socio del gobierno y aliado a grupos ligados al comercio, amenazó al PSD con romper la coalición de gobierno si no se daba marcha atrás con el proyecto. La Confederación Empresarial Portuguesa expresó su desconfianza con las medidas del gobierno. "Incluso The Economist reconoció que ‘no se puede presionar hacia la austeridad más allá de un límite'" (Rtve.es, ídem), resumiendo el temor de la burguesía a la revolución social. El Consejo de Estado, un órgano consultivo donde participan el gobierno y "actores sociales", llamó a "preservar la cohesión social" (El País, 23/9).

El opositor Partido Socialista plantea un "ajuste" (corrección) en el memorando exigido por la Troika, como única manera de hacerlo pasar, pero ésta ha dicho que por ahora los objetivos no cambiarán. El PC y la CGTP, entretanto, cumplen el papel de encuadrar el descontento popular ‘desde abajo' y darle alguna válvula de escape. La promesa de una huelga general ha sido trasladada a noviembre.

Helenización

En este cuadro de agitación social, el gobierno anunció el despido del 50% del personal contratado del Estado para alcanzar las metas del déficit exigidas por la Troika. También tiene en agenda un avance (aún mayor) sobre el sistema público de salud y sobre las matrículas universitarias. La política de ajuste, que ni siquiera garantiza resultados, ha despertado el temor de una burguesía que no parece contar con planes alternativos. El Colegio de Abogados, en este sentido, instó al gobierno "a formar un gobierno de salvación nacional" (Tiempo Argentino, ídem).

"Portugal se heleniza a toda velocidad", concluía el diario madrileño El País (25/9).