Las calles de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, se vieron estremecidas el jueves por una movilización en repudio al crimen de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue asesinado por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, localidad contigua a Guadalajara. Varios medios lo califican como el “George Floyd mexicano”.

El viernes, asimismo, hubo nuevas manifestaciones en Guadalajara, el Distrito Federal (a la embajada norteamericana, por Floyd, y a la casa de Jalisco), y San Luis Potosí. Están previstas otras manifestaciones para la semana entrante.

El 4 de mayo pasado, efectivos policiales detuvieron violentamente a López por no usar tapabocas. Horas más tarde, fallecía en un hospital, tras ser torturado y baleado en un pie, según denuncias de sus familiares. Ante la falta de avances en la investigación, éstos dieron a conocer un video de la detención, pese a las amenazas e intentos de soborno del alcalde Eduardo Aguilar.

La difusión del video causó una conmoción y dio paso a la movilización. Cientos de manifestantes irrumpieron en la casa de gobierno de Jalisco el jueves al grito de “fuera Alfaro”, en referencia al gobernador del estado, que pertenece al Movimiento Ciudadano (una fuerza que se presentó a las elecciones de 2018 como parte de una coalición con el PAN y el PRD, que llevó de candidato a Ricardo Anaya). También fueron incendiados tres patrulleros.

Solo tras la movilización, un mes después del crimen, fueron detenidos los primeros efectivos de la policía municipal, lo que muestra el apañamiento oficial a las fuerzas represivas.

El crimen y las protestas abrieron una grieta en el poder estatal. Alfaro aludió a una conspiración “desde los sótanos del poder”, en la Ciudad de México, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo desafió a presentar pruebas por las acusaciones. Alfaro integra un bloque de siete gobernadores que reclaman al estado federal una rediscusión del pacto fiscal, para obtener mayores recursos en el cuadro de crisis abierto por la pandemia.

El brutal crimen de López ha puesto otra vez la lupa sobre las fuerzas de seguridad, acusadas de todo tipo de abusos y atropellos en el marco de la cuarentena. Oliver López, detenido a fines de marzo en una estación de servicio en Tijuana, murió luego de ser pisado en el cuello por un efectivo, en un caso muy similar al de George Floyd en Estados Unidos.

López Obrador condenó el crimen de Giovanni en Jalisco, pero su gobierno ha mantenido la militarización del país, en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” (una política iniciada en 2006 por el gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado 250 mil muertos y que no ha desmantelado a los carteles, que tienen todo tipo de lazos con el aparato estatal). AMLO formó una Guardia Nacional, adscripta a la Secretaría de Defensa, y emitió un decreto que permite el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. En abril, según los reportes oficiales, hubo 150 mil efectivos en las calles de ambas fuerzas (La Jornada, 21/5). Entre sus tareas, figura la represión de los migrantes, para cumplir el pacto entre López Obrador y Trump que busca impedir la llegada de aquellos a los Estados Unidos.

Las marchas contra el crimen de López se producen bajo el influjo de la rebelión norteamericana. Frente a los George Floyd del mundo, las masas dicen basta. Está planteado redoblar la movilización para lograr la condena de los responsables.