El pasado jueves 30, la “Caravana por la Vida” copó las calles de San Juan, Puerto Rico. La manifestación exigió al gobierno un aumento en los testeos de Covid-19 y que proporcione recursos económicos para garantizar la cuarentena sin hambre. Aunque no hay informes claros sobre el impacto del coronavirus en el país, se estiman 95 muertes y 1600 personas contagiadas.

Ante las protestas, el gobierno montó un operativo policial que obstruyó las caravanas, repartiendo multas a mansalva, por supuestas infracciones de tránsito. También detuvieron a Giovanni Roberto, vocero de la caravana y militante de Comedores Sociales, que fue liberado unas horas más tarde. Con algunos eufemismos y con el único fin de prohibir futuras protestas (dado que la salud de la población no está en las prioridades del gobierno), el ministro de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, anunció el sábado un decreto que endurece  “las penas y castigos a quienes infrinjan el confinamiento”.

La debacle del sistema de salud portorriqueño se acentuó con la quiebra del país, en 2016. Washington impuso una Junta de Supervisión Fiscal que digita los movimientos económicos de la isla, acentuando la dominación colonial (Puerto Rico es un “estado libre asociado” de los Estados Unidos). De este modo, se impuso un brutal ajuste sobre educación, salud y jubilaciones, que tiene como contracara los enormes beneficios que recibirán los fondos buitre (quienes compraron títulos a precios de remate) por una porción de la deuda que ha sido recientemente reestructurada.

Las políticas de ajuste fueron uno de los motivos que desataron la rebelión que en 2019 echó del poder a Ricky Roselló.

El coronavirus agrava la crisis social de la isla, en la que el 40% de la población se encuentra en la pobreza. Desde el comienzo de la cuarentena, hace dos meses, ya se han emitido 200.000 telegramas de despido  (Resumen Latinoamericano, 29/4) y para colmo nadie cobra el bono de 1.200 dólares que prometió el gobierno.

La expulsión de la Junta de Supervisión Fiscal y el no pago de la deuda resultan medidas claves para enfrentar la pandemia, junto a una centralización del sistema de salud, la prohibición de despidos y las licencias sin afectar el salario.

Todo ello, en la perspectiva de la independencia de Puerto Rico, como parte de la lucha por la unidad socialista de América Latina.